Por Mario Cáffaro

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Con voto unánime, la Cámara de Diputados aprobó la adhesión santafesina a la llamada ley Yolanda que ordena formar en temas ambientales a funcionarios y empleados de los tres poderes del Estado. Lo hizo al fusionar ocho proyectos de ley sobre la temática más un mensaje del Poder Ejecutivo. Además sancionó la norma que prolonga por dos años más la expropiación temporal de instalaciones de la ex Naranpol en Reconquista a favor de la cooperativa de trabajo Forlín.

Ambos temas, así como otros seis proyectos de ley aprobados ayer tenían los respectivos dictámenes de comisiones, y fueron todos votados por unanimidad en la vuelta a sesionar de la Cámara Joven tras un impasse de un mes debido a los cierres de listas que ocuparon la mayor atención de los legisladores en las últimas semanas. En cuanto a los proyectos de comunicación, se destacaron dos referidos al sistema penitenciario que motivaron la intervención de varios legisladores de la oposición advirtiendo sobre la grave situación que se vive en las cárceles provinciales.

La Ley n.º 27592, o Ley Yolanda, es una norma sancionada en noviembre del año pasado, que tiene como objetivo garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para las personas que se desempeñan en la función pública, en los tres poderes del Estado. El nombre es un homenaje a Yolanda Ortiz quien fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina y de América Latina. Fue designada durante el gobierno de Juan Domingo Perón en el año 1973.

El objetivo principal de la Ley Yolanda es que funcionarios y empleados públicos comprendan la transversalidad de los temas ambientales en el diseño, la planificación y la implementación de las políticas públicas para contribuir, desde la gestión estatal, a la construcción de una Argentina ambientalmente sostenible.

A pocos días de sancionada la ley nacional, la socialista Gisel Mahmud ingresó un proyecto de adhesión a la Cámara de Diputados de la provincia. Le siguieron otros de Leandro Busatto (PJ), Gabriel Real (PDP), Cesira Arcando (Fe), Silvia Ciancio (UCR), Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia) y en mayo se sumó un mensaje del Poder Ejecutivo sobre la temática. El dictamen clave fue en la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales al cual adhirieron las restantes comisiones. 

Además de la adhesión, el texto establece la capacitación obligatoria en formación integral en ambiente, desarrollo sostenible y cambio climático, para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia y deja la aplicación en manos del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. A esa cartera se le encomienda garantice la conformación de una mesa de trabajo con la participación de profesionales, instituciones científicas y académicas, y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la temática ambiental, con el objetivo de coordinar la confección de los lineamientos generales y el desarrollo de la capacitación obligatoria.

"Los jóvenes estamos convencidos que necesitamos actuar, que no hay tiempo que perder ya que lo que le estamos haciendo al ambiente la mayoría de las veces es irreversible", señaló Mahmud. "Es lo que vemos día a día en los medios, es lo que denuncian las organizaciones ambientales y es el reclamo de las juventudes en todo el país y el mundo, que nos ponen en alerta con cada consigna que nos recuerda que 'No hay Planeta B'. Desde nuestro lugar en la legislatura venimos trabajando en muchos proyectos para tener más herramientas para la formación y la acción en todos los ámbitos del Estado". 

En tanto, Mayoraz valoró este primer paso aunque aclaró que "nunca es suficiente lo que hagamos en el cuidado del ambiente". Valorizó la mirada estratégica de Perón cuando designó a Yolanda Ortiz en un mundo que no hablaba de medio ambiente y tomó párrafos de la encíclica de Francisco 'Laudato si' donde advierte que la tierra es la casa común. También mencionó la manda establecida en la Constitución de 1994.

Bloque

Entre los Asuntos Entrados de la sesión de ayer estuvo la nota de la diputada Amalia Granata anunciando la constitución del bloque Somos Vida - Unión Federal con la nota correspondiente de esta fuerza política y la designación de Alvaro Zicarelli como secretario de bloque.

También ayer, en nota al presidente de la Cámara de Diputados, el partido Unite por la Libertad y la Dignidad informó que  ha resuelto dejar sin efecto el aval al bloque "Somos Vida" de Granata. Acota que la legisladora "ha dejado de representar la plataforma electoral por la cual fue elegida y las públicas manifestaciones de Zicarelli quién afirmara que: 'Ir con ese sello fue un mero utilitarismo electoral de necesidad absoluta. No hay ninguna vinculación ideológica o política entre Amalia y Unite'".

Su adhesión al macrismo –sector político al cual adhirió y representa con una candidatura- promovió el tratamiento de la ley de aborto, lo cual implica una traición a los casi 300.000 santafecinos que la acompañaron en la posición próvida.

De tal forma es la posición del partido no avalar a "tránsfugas"

Cárceles

Diputados aprobó ayer sendas minutas de comunicación sobre la situación del sistema carcelario originadas en Nicolás Mayoraz y Natalia Armas Belavi (Somos Vida y Familia) y de Mónica Peralta (Gen). Mayoraz se encargó de plantear en el recinto la situación del sistema e incluso deslizó la posibilidad de discutir una ley para prohibir el uso de teléfonos celulares en los establecimientos penitenciarios.

En tanto, el socialista Joaquín Blanco advirtió que el sistema penitenciario hoy "eEs una bomba de tiempo. Han echado por borda todo plan de reinserción social y de políticas de largo plazo que se habían construido". También fue crítico en su postura el radical Juan Cruz Cándido mientras que Carlos del Frade (Frente Social y Popular) y Oscar Martínez (Frente Renovador) consideraron necesario discutir políticas a largo plazo en materia penitenciaria.

"Lo que propone el modelo neoliberal de Perotti es lo que está explotando y generando este malestar creciente del Servicio Penitenciario", había señalado Blanco. "Este es un problema de arrastre porque desde el inicio de su gestión, el gobernador propuso una política de seguridad fragmentada: que todo el sistema policial dependiera del Ministerio de Seguridad pero sacar al Servicio Penitenciario y ponerlo bajo la órbita del Ministerio de Gobierno. Los ex ministros, Saín y Borgonovo, nunca pudieron ponerse de acuerdo. Y no es un hecho menor que hoy no estén más en el gobierno", detalló el diputado socialista.