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El Litoral | Área Metropolitana
Miércoles 02.06.2021 - Última actualización - 04.06.2021 - 15:12
19:30
Proyecto de ordenanza ingresado en el Concejo
Dos ediles opositores plantean prohibir a cuidacoches y limpiavidrios en la ciudad
Sostienen que la actual ordenanza que regulan a los cuidadores de autos es de imposible aplicación. Proponen trabajo comunitario y multas económicas para quienes ejerzan en contravención esa labor informal. Y que estas personas generen cooperativas de trabajo como salida laboral.
"Existen sujetos que ilegalmente se apropian del espacio pretendiendo brindar un servicio de estacionamiento irregular, muchas veces bajo amenazas o agresiones", coinciden Ceresola y Mastropaolo. Crédito: Archivo El Litoral / Mauricio Garín
La actividad informal de los cuidacoches fue regulada por medio de la Ordenanza Nº 12.635, sancionada por el Concejo santafesino en mayo de 2019 y hoy vigente. Para ejercer esa actividad informal, los cuidadores de vehículos deben contar con un carnet habilitante emitido por la Municipalidad (previo a presentar la documentación requerida), y no tener antecedentes penales. No pueden pedir a los dueños de vehículos una "tarifa": la contribución a recibir será voluntaria, sostienen la norma, entre muchos otros puntos.
La aplicación en los hechos de esa norma hoy vigente nunca fue del todo satisfactoria. El municipio había comenzado con la inscripción en octubre de 2019, pero en 2020 llegó la pandemia y todo, al parecer, quedó en un limbo. Ahora, los ediles Luciana Ceresola y Sebastián Mastropaolo (Pro-Juntos por el Cambio), ingresaron al Legislativo local un proyecto de ordenanza donde plantean directamente prohibir la actividad de cuidacoches y de limpiavidrios en toda la vía pública del ejido urbano.
En líneas generales, el proyecto en cuestión plantea que si los cuidacoches y limpiavidrios no respetaran la prohibición de ejercer esa labor informal, pesarán sobre éstos sanciones de uno a cinco días de trabajos no remunerados de solidaridad con la comunidad, o multa económica desde 150 Unidades Fijas (UF), que representan casi 7 mil pesos, hasta 1.500 UF (casi 70 mil pesos).
Además, "cuando exista organización previa, la pena para los partícipes será de 5 a 15 días de arresto y se eleva al cuádruple para los jefes y/o coordinadores de estas bandas organizadas", dice el proyecto en ciernes. Las penas de arresto se endurecerían cuando la actividad se practique alrededor de eventos masivos, polos gastronómicos, boliches parques y eventos deportivos.
Asimismo, se establece la obligación para el Ejecutivo de formalizar un convenio con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), y desarrollar una aplicación telefónica para denuncias anónimas sobre situaciones delictivas vistas en la vía pública en las que intervengan cuidacoches y limpiavidrios. También, que el Estado local ponga puestos móviles para que los ciudadanos puedan realizar denuncias en forma presencial.
Argumentos
"Incontables son los hechos de inseguridad que se viven a diario a causa de los 'trapitos' y limpiavidrios que se encuentran a lo largo y ancho de la ciudad. Esta propuesta busca lograr una eficiente regulación de la vía pública en pos de la prevención y tratamiento de los conflictos urbanos, bregando por el derecho de todos los ciudadanos al uso de ese espacio público contra la apropiación ilegal del mismo", argumentaron los ediles.
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"Existen sujetos que ilegalmente se apropian del espacio pretendiendo brindar un servicio de estacionamiento irregular, muchas veces bajo amenazas o agresiones. No podemos permitir la apropiación del espacio público, espacio democrático por excelencia, y debemos además velar por la seguridad del ciudadano muchas veces amenazado e intimidado", añadieron.
Aplicación dificultosa
"Cuando se trató la ordenanza de regulación de cuidacoches en 2019, nosotros no acompañamos porque entendíamos que era de aplicación muy dificultosa en los hechos. Se dan situaciones muy difíciles de manejar. Se hizo un intento de registrarlos, pero la experiencia no fue exitosa, ni en Santa Fe ni en otras ciudades, salvo Mendoza", le dijo a El Litoral Luciana Ceresola.
La inscripción lanzada por el municipio no funcionó -consideró la concejala-. "Se hizo un censo, y de 700 cuidacoches que se anotaron sólo 70 pudieron completar la entrega de la documentación requerida. Es decir, la gran mayoría no pudo certificar un certificado de buena conducta o no tener antecedentes penales, ni el registro de deudores alimentarios ni DNI", manifestó.
Y agregó que en un último censo realizado, se inscribieron unas 140 personas en situación de ser cuidacoches o limpiavidrios. "Desde ahí no se hizo más nada desde la Municipalidad: lo dejaron 'morir' a este tema", criticó Ceresola.
El problema es que ahora, la problemática de los cuidacoches se desbordó, y quedó muy ligada a la inseguridad y el delito: "No quiero generalizar -aclaró la edila-, pero hay casos de 'trapitos' y limpiavidrios que están bulevar, en Aristóbulo, y en la Plaza 25 de Mayo, que tienen conductas de extorsión y maltrato hacia los dueños de los coches, incluso de robos. Estas situaciones se ven a diario y los vecinos las denuncian todo el tiempo".
La cuestión social
-Como trasfondo de la problemática de estas personas está la cuestión social, como la pobreza, la marginalidad y las escasas posibilidades de acceder a un empleo. ¿Cuál sería la propuesta para que tenga un trabajo?, preguntó El Litoral a Ceresola.
-Lo que estamos proponiendo es que el Ejecutivo, utilizando las herramientas legales que tiene y que correspondan, asesore a todas estas personas que quieran seguir trabajando para que armen una cooperativa de trabajo y la formalicen. Estas personas debieran impulsar sus propias cooperativas, con la habilitación correspondiente del Gobierno local.
Lo que hay que hacer con los cuidacoches y limpiavidrios es pasarlos directamente de un lugar de trabajo a otro. Aparte, en la actual ordenanza se establece que éstos debían capacitarse en oficios en las Escuelas de Trabajo, las cuales hoy están cerradas. La mayoría de estas personas son mayores de 70 años que no tienen aporte previsionales. Nunca se podrían jubilar, no tendrían una pensión.
"Hablamos de muchas personas que están socavando las libertades de uso y goce del espacio público de muchos vecinos de la ciudad, imponiendo un pago por la utilización de ese mismo espacio público. Todo es cuestión de voluntad política, de tomar la decisión. Sabemos que no son discusiones cómodas, pero hay que darlas en el Concejo", dijo Ceresola, y volvió a cargar contra el Ejecutivo: "Falló el intento por implementar la ordenanza. Además, sancionamos pedidos de informes sobre casos puntuales de violencia que involucraban a 'trapitos': nunca lo respondieron".
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