El objetivo del Tribunal de Cuentas de tener edificio propio para albergar a todo el personal dará un paso importante en las próximas horas cuando el propio gobernador, Omar Perotti, encabece el acto de licitación para la construcción de la estructura de hormigón armado con un presupuesto -a octubre último- de $ 322.211.526.

 

Una docena de empresas habían adquirido el pliego respectivo para participar de la licitación de los trabajos a realizar en el predio de San Jerónimo y Monseñor Zazpe, en un plazo de ejecución de 240 días calendario. El lote donde se levantará la estructura fue adquirido a fines de 2017 por el propio Tribunal ante la necesidad de concretar el proyecto de tener un inmueble donde albergar a todo el personal para concentrar todas las funciones inherentes al controlar público. "Un edificio que identifique una forma de gobierno democrática y republicana" como suele decir el actual presidente, Oscar Biagioni,

 

El decreto 0366 del 16 de abril último, firmado por Perotti y los ministros de Infraestructura, Silvina Frana; de Economía, Walter Agosto, y de Gobierno, Roberto Sukerman, incorpora en la estructura programática del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat la obra. En tanto, la cartera dictó la resolución 292 aprobando la documentación técnico del legajo licitatorio realizado por la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería.

 

Con algunos antecedentes previos, la reforma constitucional santafesina de 1962 incorporó al Tribunal de Cuentas como órgano institucional. El artículo 81 de la vigente Carta Magna dispone que "un Tribunal de Cuentas, con jurisdicción en toda la Provincia, tiene a su cargo, en los casos y en la forma que señale la ley, aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos y declarar las responsabilidades que resulten.

 

Los miembros del Tribunal de Cuentas duran seis años en sus funciones, son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa y pueden ser removidos según las normas del juicio político.

 

Los fallos del Tribunal de Cuentas son susceptibles de los recursos que la ley establezca ante la Corte Suprema de Justicia y las acciones a que dieren lugar deducidas por el Fiscal de Estado.

 

El contralor jurisdiccional administrativo se entenderá sin perjuicio de la atribución de otros órganos de examinar la cuenta de inversión, que contarán previamente con los juicios del Tribunal de Cuentas".

 

Ese artículo recién fue reglamentado por el gobierno de facto a principios de la década del 70 a través de la ley 6592, delimitándose las competencias del control externo, que hasta entonces se encontraban asignadas a la Contaduría general de la provincia y Comisión de Cuentas de la administración provincial.  Los primeros lugares de trabajo fueron espacios vinculados a la Contaduría General y Comisión de Cuentas

 

Ya en mayo de 1973, una resolución ministerial le asigna al Tribunal de Cuentas espacios en dos pisos del Centro Cívico Gubernamental. Ya sobre fines de los 80 y principios de los 90, la descentralización de funciones y organismos del gobierno nacional hacia las provincias hizo necesario reforzar la tarea del organismo y esa necesidad quedó plasmada en la reforma a la ley de Contabilidad, la 10.580.

 

Desde 1995, el Tribunal de Cuentas trasladó su sede al inmueble de San Martín 1725, inmueble propio, donde están asentadas las autoridades superiores y el personal técnico de asesoramiento y apoyo administrativo. El resto del personal está ubicado en inmuebles alquilados en la zona sur de la ciudad y en oficinas que ceden algunos organismos para facilitar la proximidad física del control de expedientes.

 

Las autoridades del Tribunal de Cuentas fueron trabajando con Legislatura y Poder Ejecutivo el perfil del organismo de control, pero también la jerarquización institucional y por ende del personal que presta servicios con un nuevo convenio así como la definición del tema pasantes que venían prolongándose en el tiempo.

 

Biagioni señala que hoy el órgano "tiene políticas en recursos humanos consolidadas, con normativas propias que entrañan el reconocimiento de su posición y atribuciones institucionales, las cuales merecen ser proyectadas sobre su propio edificio para terminar de erigir su identidad".

 

Vocales

Oscar Biagioni preside el Tribunal de Cuentas. Los restantes integrantes del organismo con Sergio Beccari y Lisandro Villar, vocales que integran la Sala I mientras que Dalmacio Chavarri y María del Carmen Crescimanno integran la Sala II.

En el transcurso de este año finalizarán los mandatos constitucionales de Biagioni y de Chavarri.

 

Diputados: Hora de comisiones

 

Entre hoy y mañana, sin grandes cambios, las diferentes comisiones internas de la Cámara de Diputados procederán a designar las autoridades para el presente período Ordinario. Con la designación de sus autoridades se agilizará el trabajo en las comisiones que podrán desde ese momento dictaminar proyectos.

 

La semana pasada, se aprobó una resolución donde el bloque socialista propuso una serie de cambios de sus representantes en comisiones a partir del fallecimiento de Miguel Lifschitz, la llegada de Pablo Farías a la presidencia del cuerpo y la jura de Nicolás Aimar.

 

El cambio más importante se producirá esta tarde con la reunión -vía zoom- de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, la comisión clave en el funcionamiento de la Cámara. Farías era el presidente de ese grupo y el socialismo propondrá que sea Joaquín Blanco el nuevo titular. En tanto mañana, será día de dictámenes de temas que podrían llegar al recinto en la sesión de la tarde.

 

Antecedente

 

En 1927, en Santa Fe se dictó la ley 2151 que menciona la figura del Tribunal de Cuentas, siendo el más antiguo documento existente en la provincia sobre un organismo de ese tipo. Característico de la época, la tarea era un control ulterior de los actos administrativos de los tres poderes. El control y la facultad de observación de los actos administrativos estaban en manos de la Contaduría General de la provincia. La ley 2151 fue derogada en 1933.

 

En 1959, el Poder Ejecutivo  envió un mensaje a la Legislatura para crear el Tribunal de Cuentas. El proyecto seguía los lineamientos general impuestos en la nación con la Ley de Contabilidad y organización del Tribunal de Cuentas de la nación y la Contaduría General.

 

El mensaje no fue aprobado por la Legislatura y hubo que esperar la sanción de la nueva Constitución en 1962 para darle forma al órgano.