"Imaginemos que el dueño de un videoclub se queja y 'patalea' porque aparece Netflix. Y Netflix llega, inexorablemente. Algo parecido pasa con Uber, Maxim e incluso Cabify: son una realidad de hecho y varias operan en la ciudad". La comparación es de Luciana Ceresola, concejala del Pro-Juntos por el Cambio: ella y su par Sebastián Mastropaolo impulsan una ordenanza que pretende regular la prestación del servicio de viajes particulares por vía de esas plataformas digitales.

 

 

El proyecto de ordenanza en cuestión, al que accedió El Litoral, consta de 20 carillas. Será ingresado esta semana, y luego tratado en comisiones. Más tarde vendrá la discusión parlamentaria, que será compleja dado que hay otros concejales con posiciones al parecer inflexibles contra del desembarco de estas multinacionales en la ciudad. "Al debate hay que darlo: No podemos ser negacionistas respecto de los cambios tecnológicos y la economía colaborativa en un contexto de pandemia", sostiene la edila.

 

 

 

"Las empresas están operando y funcionan sin ningún tipo de control ni de requisitos. Y no hay reglamentación; entonces, basándonos en el artículo 1.280 del Código Civil y Comercial (transporte privado de personas), pretendemos regular la actividad". Es decir, darle un marco normativo, de legalidad, a la prestación del servicio de viajes particulares privados a través de las plataformas antes referidas.

 

Punto por punto

La iniciativa establece que las plataformas como Uber o Maxim deberán estar registradas en cumplimiento de requisitos legales ante la autoridad de aplicación (que sería la secretaría de Desarrollo Urbano municipal), y serán la intermediación con las personas prestatarias del servicio de transporte privado de pasajeros concertado (conductores). Será un servicio de traslado privado de personas, no público, deja en claro el texto.

 

La habilitación para operar deberá ser solicitada al Ejecutivo por cada persona titular del vehículo. Será el municipio el que analizará cada solicitud, y otorgará o no las habilitaciones. Los conductores podrán ser personas particulares propietarios de sus vehículos (no está permitida la tercerización), y taxistas y remiseros podrían también solicitar la habilitación para prestar el servicio de viajes privados.

 

 

Los conductores estarán sujetos a obligaciones tales como tener el domicilio fijado en la ciudad; contar con el carnet de conductor profesional; la acreditación de que están al día con las obligaciones tributarias de orden municipal, provincial o nacional, y exhibir la documentación probatoria de ello ante la autoridad de aplicación.

 

 

Deberán contar además con un seguro contratado que cubra la responsabilidad civil hacia terceros transportados; aceptar viajes despachados únicamente por las plataformas electrónicas habilitadas en las que se encuentren debidamente registrados; tener el pago actualizado de la patente automotor, la constancia de la inspección mecánica, la identificación y de titularidad y la certificación de la Revisión Técnica Obligatoria vigente, etcétera.

 

Obligaciones para las plataformas

Por su parte, las plataformas digitales de viajes privados (intermediarias) deberán inscribirse en el registro que el Ejecutivo local abra a tales fines, presentando todos sus datos legales más la nómina de conductores registrados que ofrezcan el servicio; asignar viajes sólo a los vehículos y conductores que se encuentran debidamente registrados, y no despachar viajes por más de ocho horas corridas ni por más de doce horas fraccionadas en un mismo día a un solo conductor. La plataforma electrónica debe permitir al usuario realizar el pago electrónico y/o en efectivo.

 

Y la obligación tributaria para cada plataforma (que a su vez deberá habilitar una sede física en la ciudad) será abonar al municipio una alícuota del 1% sobre el total de cada viaje despachado en concepto de "Derecho al Servicio de Transporte Privado de Pasajeros Concertado con la Intermediación de Plataformas".

 

 

Lo recaudado irá a un Fondo de Movilidad -plantea el proyecto-, que el Gobierno local deberá destinar en un 25% a la instalación, mantenimiento de ciclovías y adquisición de nuevas bicicletas del programa "Subite a la Bici"; 25% a la construcción de veredas accesibles; 25% a la implementación espacios públicos para mascotas, y 25% a la adquisición de botones de pánico con GPS a ser entregados a los vehículos afectados al transporte público de taxis y remises.

 

Seguridad

Otro punto es la seguridad en cada viaje por las apps de viajes: "Si se concerta un viaje privado mediante una de estas plataformas digitales, cada pasajero sabrá qué conductor lo busca, cuál es el auto y qué patente tiene, la geolocalización del viaje (cuál será la ruta desde el inicio hasta el viaje al destino) y, de antemano, cuánto saldrá ese viaje. Además, está la posibilidad de que un usuario o usuaria solicite que la conductora sea mujer, también por una cuestión de seguridad", explica Ceresola.

 

-Desde que se conoció que estas plataformas estaban intentando captar el mercado de la ciudad, la posición institucional del Concejo fue ponerles un freno. ¿Cómo cree que este planteo será tomado por el resto de los bloques políticos?, le preguntó El Litoral a Ceresola.

 

-Institucional o no institucional, es un debate que tenemos que dar, porque es una situación de hecho. El Concejo se manifestó en contra de la publicidad de una empresa, algo que estaba fuera de reglamento. Nosotros nunca dijimos en el recinto: "Fuera Uber". Nuestra postura es también una postura de mercado. Además, los primeros que podrán utilizar las aplicaciones son taxistas y remiseros: a ellos se les abre también un nuevo espectro de usuarios.

 

 

 

Y cuando hablamos de competencia desleal, decimos que los conductores que hoy operan por la vía de estas plataformas lo hacen sin ningún tipo de regulación ni obligaciones. Con esta ordenanza los estaríamos regulando. Tanto desde el Concejo como desde la Municipalidad tenemos que reconocer que las plataformas están, y no querer tapar el sol con un dedo: ya no podemos mirar para un costado. Es hora de asumir que operan e imponerles un marco normativo con estrictos requisitos, y un esquema impositivo para que las empresas tributen.