El secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, solicitó al fiscal general, Jorge Baclini que el Ministerio Público de la Acusación deje sin efecto la resolución del fiscal regional de Rafaela, Diego Vigo, quien ordenó a los fiscales de esa circunscripción dejar de trabajar con el Organismo de Investigaciones (OI) mientras Marcelo Sain sea director general.

 

El OI depende "orgánica, financiera, y funcionalmente" del Fiscal General, de allí el planteo de Somaglia ante Baclini.

 

 

 

"Atento la manifiesta extralimitación legal del funcionario para el dictado de la referida resolución, se gire la presente a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura de la Provincia", solicita el secretario de Justicia quien además recomienda evaluar "la pertinencia de remitir en su caso, para dar intervención al Fiscal correspondiente, a los fines de analizar si el comportamiento desplegado por el Fiscal Regional Nro. 5 del Ministerio Público de la Acusación podría configurar la comisión de algún ilícito penal, atento la palmaria extralimitación funcional materializada con el dictado de la instrucción general Nro. 15/2021".

 

 

Somaglia giró una nota a Baclini "en el rol de mantener las relaciones institucionales entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, con el propósito de sostener las vinculaciones entre ambos poderes" ante lo que considera una situación de "severa gravedad institucional" que se ha suscitado para la prestación del servicio de justicia en general, y especialmente, para el sistema de investigación y persecución de delitos en la Provincia, a partir del dictado de la resolución Nro. 15/2021 de Diego Fernando Vigo, en su carácter de Fiscal Regional de la 5ta Circunscripción (Rafaela).

 

A través de dicha instrucción general se ordenó a todos los fiscales que dejen sin efecto las colaboraciones requeridas al personal del OI del propio MPA.  También se dispuso la inmediata devolución de los legajos de investigaciones, documentos, objetos, y todo otro elemento que se encuentre bajo custodia del OI.

 

Afirma Somaglia que "el Fiscal Regional Nro. 5 dispuso de facto, sin sustento legal alguno, el cese de la intervención del OI" como órgano previsto en la propia ley orgánica del MPA.

 

"Resulta pertinente destacar la trascendencia que dicho órgano técnico reviste en el sistema de justicia penal para una eficaz y efectiva política de persecución penal de la criminalidad compleja y organizada, expresando nuestra preocupación en términos institucionales por cuanto la instrucción general del Fiscal Regional nro. 5 anuló indebidamente la competencia que el Organismo de Investigaciones tiene en el abordaje de sucesos delictuales que comprometen gravemente los intereses generales de la sociedad", dice en los fundamentos del pedido.

 

El funcionario del Poder Ejecutivo cuestiona los considerandos usados por Vigo ya que "desgranan aspectos que carecen de todo asidero normativo para adoptar la determinación del cese de intervención del OI en la Fiscalía Regional Nro. 5, sustentándose tal decisión en cuestiones absolutamente ajenas al funcionamiento del referido órgano como instancia institucional que integra el MPA, dentro del Poder Judicial de la Provincia".

 

 

 

Más adelante afirma que "el Fiscal Regional Nro. 5 carece de toda competencia para instruir en forma genérica el cese de intervención del OI" acotando que la decisión "lesiona gravemente el principio de independencia y autonomía funcional de los fiscales, siendo ellos, quienes tienen a su exclusivo cargo el ejercicio de la acción penal, la dirección de las investigaciones, y la potestad de requerir en cada caso, bajo su dirección y supervisión, la colaboración del Organismo de Investigaciones".

 

No deja de remarcar que el Organismo "es un órgano de apoyo de naturaleza estrictamente técnica que carece de toda autonomía funcional para iniciar y/o desarrollar investigaciones".

 

Somaglia entiende que la decisión de Vigo "sin sustento legal alguno, vulnera arbitrariamente los derechos laborales y roles funcionales que tienen las autoridades y agentes que cumplen funciones en el ámbito del Organismo de Investigaciones de la Fiscalía Regional Nro. 5 con asiento en la ciudad de Rafaela".

 

“El Fiscal Regional Nro. 5 carece de toda competencia para instruir en forma genérica el cese de intervención del Organismo de Investigaciones".

 

En la parte final escribe el secretario de Justicia "consecuentemente y más allá del quiebre institucional que pudiera provocar el decisorio que aquí se critica, el MPA debe velar por la convivencia de un Estado de Derecho que privilegie la vigencia del principio de legalidad por sobre el de oportunidad, pues solo así se garantizará la finalidad que compete a ese Ministerio a su cargo, sin poner en riego las investigaciones criminales".