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Miércoles 03.03.2021 - Última actualización - 15:09
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"No puede sancionar ni remover", aclaró Losardo

El Gobierno le baja el tono a la comisión para controlar jueces

Aunque Fernández no lo dijo, Parrilli interpretó que crearla era el mandato que tenían los legisladores. La idea sumó desconciertos y rechazos, pero también entusiasmo creciente. Hasta que desde el propio Ejecutivo debieron salir a hacer aclaraciones.

"Lo que no puede arrogarse la Bicameral son atribuciones de otros poderes, como las cuestiones disciplinarias. No va a poder sancionar jueces, eso no es constitucional", aclaró Losardo.
Crédito: Mauricio Garín

"Lo que no puede arrogarse la Bicameral son atribuciones de otros poderes, como las cuestiones disciplinarias. No va a poder sancionar jueces, eso no es constitucional", aclaró Losardo. Crédito: Mauricio Garín

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"No puede sancionar ni remover", aclaró Losardo El Gobierno le baja el tono a la comisión para controlar jueces Aunque Fernández no lo dijo, Parrilli interpretó que crearla era el mandato que tenían los legisladores. La idea sumó desconciertos y rechazos, pero también entusiasmo creciente. Hasta que desde el propio Ejecutivo debieron salir a hacer aclaraciones. Aunque Fernández no lo dijo, Parrilli interpretó que crearla era el mandato que tenían los legisladores. La idea sumó desconciertos y rechazos, pero también entusiasmo creciente. Hasta que desde el propio Ejecutivo debieron salir a hacer aclaraciones.

Como en una comedia de enredos, el propio kirchnerismo legislativo se sorprendió cuando Oscar Parrilli disparó que había que crear una comisión bicameral que se ocupe del Poder Judicial, porque eso es lo que había dicho el Presidente en su discurso ante la Asamblea Legislativa, cuando pidió que el Congreso Nacional "asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial". 

 

Nadie había entendido eso y por un momento cundió el desconcierto, y hasta algunas voces que expresaron reservas. Si bien Alberto Fernández dedicó buena parte de su alocución a fustigar a los jueces, e incluso los ubicó "casi al margen del sistema republicano", la idea específica de una comisión bicameral no fue expresada en sus palabras.

 

Pero el proyecto ganó fuerza, y sumó adhesiones entusiastas en el oficialismo a medida que crecía el rechazo de la oposición. Aunque luego, con el correr de las horas, y tras los pronunciamientos de agrupaciones judiciales y ONG (mientras la Corte Suprema optó por mantener un estricto silencio, pese a las imputaciones que le apuntaron directamente), desde el propio Poder Ejecutivo salieron a bajarle el tono.

 

Este miércoles, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, se encargó de relativizar los alcances que podría tener la comisión bicameral para investigar a jueces y fiscales que tanto entusiasmó al kirchnerismo. Sobre todo después de que el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, lanzara una advertencia a los jueces: "O se transforman o se van". 

 

"Lo que no puede arrogarse la Bicameral son atribuciones de otros poderes, como las cuestiones disciplinarias. No va a poder sancionar jueces, eso no es constitucional", dijo la funcionaria de Alberto Fernández.

 

Losardo sostuvo que la comisión será un órgano "de asesoramiento", para "estudiar el funcionamiento del Poder Judicial, hacer propuestas, citar a audiencias públicas". 

 

Para presionar

 

"Esto parece otra forma de generar presión o de vigilar a los jueces para que no hagan nada que ellos consideran que esté mal", dijo, por el contrario, el ex ministro de Justicia durante la gestión de Cambiemos, Germán Garavano, quien consideró que el Gobierno "apunta a los jueces federales, que son los que investigan las causas de corrupción".

 

Garavano consideró que "sigue la misma tónica desde el comienzo de gobierno, que ha tenido que ver con cómo presionar a la Justicia para que casos de corrupción queden impunes".

 

El abogado explicó que los femicidios, por ejemplo, son investigados por la Justicia local o provincial, por lo que ante esas causas no tendrían influencia las valoraciones de una comisión bicameral. "Si tuviera alguna injerencia, sería en la cuestión de la Justicia federal, que es la que investiga los casos de corrupción y no los casos de delincuencia común que son los que nos preocupan a todos por la inseguridad, por los homicidios, y demás", detalló.

 

El ex funcionario indicó que, de momento, existen múltiples mecanismos para controlar a los jueces. "Hay un Consejo de la Magistratura donde el oficialismo tiene una mayoría en acuerdo con Graciela Camaño, tienen mecanismos para avanzar en los procedimientos constitucionales si un juez hace mal su tarea", comentó Garavano.

 

En cuanto a ello, agregó: "Democráticamente, el Gobierno ha ganado la Presidencia, tiene mayoría en el Senado y una minoría muy representativa en la Cámara de Diputados. Pareciera que falta dominar a la Justicia, cuando debería ser el contrapoder o el que nos defienda a todos nosotros de los abusos del Estado en los casos de corrupción, cuando avanza sobre nuestras libertades y derechos. Ahí es donde me parece que el Gobierno se está excediendo en su funciones y eso afecta a la República, a las instituciones y a todos nosotros al final del día".

 

Cruzando al control

 

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional afirmó que "la independencia del Poder Judicial es un eje central del sistema de frenos y contrapesos que constituye un estado democrático" y rechazó la idea de que el Congreso ejerza un "control cruzado" sobre el Poder Judicial, como planteó el presidente Alberto Fernández en su discurso ante la Asamblea Legislativa.

 

"La Asociación de Magistrados se encuentra en el triste deber de tener que señalar, con respetuosa firmeza, que no es la generalización de casos particulares, ni la destrucción de los sistemas de Justicia con motivo de sentencias que degraden a sectores políticos concretos, el camino para lograr el equilibrio de poderes en un Estado Social de Derecho, que todos debemos construir", señaló.

 

En cuanto al "control cruzado" del Parlamento, los funcionarios judiciales sostuvieron que "el Poder Ejecutivo y el Senado tienen a su cargo el nombramiento de los Magistrados mediante el sistema de propuesta, acuerdo y designación vigente según la Constitución Nacional", y señalaron que "el contenido de las sentencias no puede caer bajo el novedoso concepto de 'control cruzado', ajeno al orden constitucional jurado".

 

Gils Carbó, perseguida

 

La ex procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dijo que el ex presidente Mauricio Macri estuvo "detrás de la persecución judicial" durante su gestión, y que la causa en su contra por la compra del edificio de la Procuración tuvo un "objetivo político".

 

"Detrás de la persecución judicial hay una persona que es Mauricio Macri, que tiene graves denuncias en su contra, y sé que está detrás de esta causa contra mí. Hay jueces y fiscales de Comodoro Py que fueron presionados por él de mil maneras", afirmó Gils Carbó. 

 

En el mismo sentido, la abogada indicó: "Macri me presionó para que renuncie desde su campaña, y, luego, cuando asumió, quisieron poner ministros de la Corte por decreto y me querían sacar a los gritos".

 

Rendición

 

"Si alguien quiere denunciar a un juez, va al Consejo de la Magistratura: no hay ningún otro camino. Lo que sucede es que la imaginación del kirchnerismo para encontrar la manera de que se pueda conseguir la impunidad es increíble", lanzó el jefe del interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri.

 

Y agregó: "Si tuviesen mayoría absoluta en el Congreso ya se hubiesen llevado puestas hasta las paredes".

 

Al analizar el discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa en la apertura de sesiones del Congreso, Negri afirmó que "tenía la posibilidad de hablarle a la Patria, pero lo que hizo fue rendirle cuenta al Instituto Patria". 

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