Nueve diputados provinciales de tres espacios políticos diferentes firmaron un proyecto de ley para que declaraciones juradas de autoridades de los tres poderes del Estado provincial más los intendentes, concejales y miembros de comisiones comunales sean de carácter público, de libre accesibilidad, "no rigiendo para estos casos el secreto fiscal establecido por la legislación impositiva". Además determina que esas declaraciones podrán ser consultadas por toda persona interesada en forma gratuita a través de Internet, la que deberá ser expuesta en los respectivos portales y páginas web de los distintos poderes del Estado.

 

La iniciativa presentada en la primera semana tras finalizar el receso de enero es firmada por Julián Galdeano y los restantes integrantes de Juntos por el Cambio (Ximena Sola, Gabriel Chumpitaz; Alejandro Boscarol y Cesira Arcando) más los radicales Maximiliano Pullaro, Fabián Bastia y Juan Cruz Cándido. También sumó la firma Amalia Granata (Somos Vida).  El Poder Ejecutivo también trabaja una iniciativa en la materia según confirmó a El Litoral el ministro de Gobierno, Roberto Sukerman.

 

"El proyecto tiene por objeto poner en vigencia en la provincia de Santa Fe la normativa relacionada con la publicidad de los declaraciones juradas patrimoniales de los más importantes funcionarios públicos de los tres poderes de la provincia y de los municipios y comunas que la componen", señaló Galdeano a El Litoral. Esta exigencia rige para la Administración Pública Nacional por medio de la Ley 25.188 de Ética en la Función Pública,  sancionada en septiembre de 1999. Hoy, en Santa Fe rige la Ley 7.089, norma que si bien exige la presentación de declaraciones juradas a los funcionarios, no les reconoce el carácter de públicas ni garantiza la libre accesibilidad por parte de la ciudadanía.

 

Los autores recuerdan que la Convención Interamericana contra la Corrupción -ratificada por ley en la Argentina- establece para sus Estados parte el compromiso de establecer "sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda". También la Argentina adhirió a la "Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción" que, entre otras cosas, obliga a que "cada Estado parte procurará, cuando proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, establecer medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos que hagan declaraciones a las autoridades competentes en relación, entre otras cosas, con sus actividades externas y con empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios importantes que puedan dar lugar a un conflicto de intereses respecto de sus atribuciones como funcionarios públicos."

 

El proyecto -dice en los fundamentos- permitirá a la ciudadanía conocer la evolución patrimonial de los funcionarios públicos y detectar tanto incrementos injustificados como eventuales conflictos de intereses entre quienes gestiones el gobierno patrimonio público y quienes interactúan con el Estado. "Procuramos seguir fortaleciendo el sistema republicano de gobierno, siendo el acceso a la información pública uno de sus pilares fundamentales. Con la certeza que estaremos contribuyendo no sólo a una mayor transparencia sino también a un mayor control democrático de la gestión pública por parte de la sociedad toda", concluyó Galdeano. 

 

El proyecto se propone alcanzar al gobernador y vicegobernador así como a senadores y diputados provinciales; los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, jueces de Primera Instancia y los jueces de las Cámaras de Apelaciones de todas las circunscripciones de la provincia de Santa Fe; funcionarios del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio Público de la Defensa; Defensor del Pueblo y los adjuntos;  ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo; vocales del Tribunal de Cuentas así como intendentes, concejales y miembros de las Comisiones Comunales de la provincia.

 

Las declaraciones juradas son las presentadas ante AFIP especialmente sobre Ganancias y Bienes Personales y el proyecto pretende que esas declaraciones sean publicadas en el Boletín Oficial de la provincia.

 

 

 

 

Radicales

 

El presidente del comité nacional del radicalismo, Alfredo Cornejo, recibirá esta tarde a dirigentes partidarios santafesinos que concurrirán encabezados por Carlos Fascendini, titular de la mesa provincial. Trascendió que el esperancino asistirá acompañado por dirigentes de todas las líneas internas partidarias para analizar la situación política santafesina y proyecciones para alianzas electorales.

 

Piden que Diputados apure el proyecto de conectividad

 

El senador nacional Roberto Mirabella exhortó a "algunos diputados" a que "dejen su mezquindad de lado" y que se pueda avanzar con la aprobación del paquete legislativo enviado por el Poder Ejecutivo para el Programa Estratégico de Conectividad.

 

El legislador aseguró que "el gobierno provincial está en condiciones de desarrollar el mayor plan de conectividad de la historia para los santafesinos pero falta que la Cámara de Diputados apruebe el proyecto que autoriza al gobierno de la provincia a tomar 100 millones de dólares",  para financiamiento a través del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para "Santa Fe + Conectada". El objetivo es avanzar en el acceso universal a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

 

Mirabella pidió que "algunos diputados dejen su mezquindad de lado y puedan aprobar este proyecto de una envergadura histórica para la provincia de Santa Fe.  Es importante rescatar no solamente la conectividad sino que están preparando también la distribución de 500 mil computadoras para todo el país y pensar una gratuidad de la plataforma educativa".

 

De Lisandro de la Torre

 

El diputado demoprogresista Gabriel Real sentó postura sobre el tema autonomía que propicia la administración Perotti. "El concepto de autonomía municipal que propugnó Lisandro de la Torre, heredado por los demócratas progresistas, consiste en el ejercicio por parte de los gobiernos locales de funciones, servicios y diseño de políticas públicas que se agotan en el ámbito de su propia jurisdicción. Si existe algún estamento superior que limite su competencia y acote sus recursos, entonces no hay autonomía como tal. La autonomía municipal requiere voluntad política de descentralizar el poder, transferir recursos y consagrarlos en la Constitución Provincial", aclaró.