Por Mario Cáffaro

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La Cámara de feria de los tribunales de Rosario deberá resolver en las próximas horas el recurso de apelación presentado por la provincia de Santa Fe contra la decisión del juez en lo Civil y Comercial, Luciano Carbajo quien dispuso una veda para la pesca comercial y deportiva sobre el río Paraná en todo el territorio santafesino hasta el 31 de marzo venidero.

Ayer, tras la presentación realizada por el Fiscal de Estado, Rubén Weder, y la abogada Marianela Tuttolomondo, la jueza Mónica Klebcar habilitó la feria para el expediente y concedió el recurso con efectos devolutivos. Ahora, el tribunal de alzada que conforman Edgar Baracat, Angel Angelides y Guillermo Llaudet Maza deberá pronunciarse sobre el planteo de fondo.

La presentación de la provincia coincidió con el tercer día de protestas de grupos de pescadores en diferentes puntos de la provincia que provocaron serios inconvenientes en la circulación vehicular especialmente en la ruta nacional 11 en diferentes puntos de los departamentos General Obligado y San Jerónimo; en la autopista Santa Fe - Rosario así como en el acceso al puente Rosario - Victoria y en la ruta 168 a la altura de la fuente de la Cordialidad.

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En el extenso escrito de Fiscalía de Estado se solicita la habilitación de la feria para el expediente y se fundamenta la apelación en base a tres agravios: La medida cautelar es irrazonable en tanto impone una prohibición que alcanza sólo la porción del río Paraná que se encuentra bajo jurisdicción de la provincia de Santa Fe y sin que se verifique en autos la verosimilitud en el derecho propia de cualquier cautelar; la autocontradicción y arbitrariedad del fallo al imponer la veda total a la pesca deportiva y por considerar que hay una notoria invasión del Poder Judicial de las competencias propias del Poder Ejecutivo.

"El decisorio que hoy recurrimos es, como se ha dicho arbitrario por tanto prescinde de importantes argumentos técnicos científicos que oportunamente expresamos en el informe circunstanciado. Se ponderan así ciertos datos científicos, pero se soslayan otros tales como los comportamientos migratorios propios de las especies afectadas por la pesca en el Paraná y sus hábitos reproductivos, así como la valoración de las buenas artes pesqueras. Si tales datos hubieran sido ponderados, seguramente no se hubiera despachado una cautelar como la que hoy se recurre", señala el escrito.

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Agrega que "en el particular caso de la pesca deportiva, la irrazonabilidad es tan grosera -por cuanto los peces deben ser devueltos vivos al agua y de inmediato- que su revocación no admite dudas". Pero también Fiscalía de Estado considera que la decisión del juez "avanza sobre competencias propias de la administración, vulnerando claramente la división de poderes propias de un sistema republicano". Ante esos tres fundamentos llevan a decir a los letrados provinciales que " corresponde y así lo solicito, que el fallo sea revocado y, en su lugar, se rechace la cautelar peticionada, con costas".

El juez Luciano Carbajo resolvió sobre final del año la presentación unificada de Romina Araguás y de Rodrigo Martín Fernández representantes legales de Jorge Bartoli y del diputado Fabián Palo Oliver quienes habían tramitado el amparo.

En el mes de junio, catorce diputados provinciales iniciaron un trámite ante la justicia exigiendo que se dicte una veda pesquera en el río Paraná y afluentes en vista de la afectación que tiene el recurso ictícola, agravado por la bajante del río. Con el patrocinio de Fernández, los legisladores tomaron ese camino ante la negativa del Poder Ejecutivo de disponer esa limitación y por la falta de apoyo del Senado a dictar una ley de veda.

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A principios de año, la Cámara de Diputados votó dos declaraciones y dio -por unanimidad- media sanción a un proyecto de ley estableciendo una veda de 90 días. El anuncio de la presentación judicial fue realizada en rueda de prensa por Palo Oliver, Oscar Martínez (Frente Renovador), Fabián Bastía (UCR) y Carlos Del Frade (Frente Social y Popular).

En la última sesión del Senado, sobre la decisión judicial de disponer la veda se pronunciaron el radical Leonardo Diana (San Jerónimo) y los justicialista José Baucero (San Javier) y Ricardo Kauffmann (Garay). El primero no habló sobre el fondo del tema aunque pidió que el Estado concurra en apoyo a las familias de los pescadores que se quedan sin recursos mientras que los justicialistas costeros exigieron al gobierno que tramite una revisión de la medida judicial.

Reserva

El escrito de Fiscalía de Estado insiste en cuestionar la "indebida intromisión del Poder Judicial en atribuciones propias del Poder Ejecutivo en materia de políticas públicas productivas". Por lo tanto, mantiene la reserva de recurrir a los remedios extraordinarios de las leyes provincial Nro. 7055 y nacional Nro. 48, "atento además a incurrirse en una clara causal de "gravedad institucional".

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