Sobre tablas, primero en Diputados, y luego en Senado, la Legislatura sancionó una norma que reforma dos artículos de la ley orgánica del Ministerio Público de la Acusación (13.013), uno del Servicio Público provincial de la Defensa Pública (13.014) y cinco del Organismo de Investigaciones (13.459), todos precisando el régimen de incompatibilidades y tratar de evitar el paso de personal desde el Poder Ejecutivo a esos cuerpos. "Quieren condicionar la gestión del ministro de Seguridad, Marcelo Sain" disparó el jefe de la bancada justicialista, Leandro Busatto. "No es buena la confusión de roles y la ley apunta a clarificar la situación en el órgano que tiene a su cargo la persecución criminal" respondió Pablo Farías,

 

Fue al momento de las manifestaciones ya sobre el final de la sesión y Busatto retiró a los integrantes de la bancada por considerar que se están violentando las normas de funcionamiento. Ya la Cámara había votado el proyecto sobre incompatibilidades y también sobre tablas el proyecto de senadores del PJ sobre los gastos reservados del Ministerio de Seguridad.

 

La iniciativa sobre incompatibilidades fue presentada el pasado lunes con las firmas de los socialistas Pablo Farías y Joaquín Blanco, y de los radicales Maximiliano Pullaro y Fabián Palo Oliver, es decir jefes del interbloque del Frente Progresista, y de los dos subbloques principales de la mayoría de la Cámara. En el recinto, la queja del jefe de la bancada justicialista, Busatto, por la decisión de evitar el pase por comisiones de un proyecto de ley. "Aventuras como estas terminaron mal" recordó en alusión a lo que ocurre en los finales del año parlamentario donde acuerdos parlamentarios apuran la sanción de proyectos.

 

En este caso, la negociación entre las mayorías de Senado y de Diputados pasó por esta norma y la obligatoriedad de la rendición de los gastos reservados que tiene el Ministerio de Seguridad. Ambas normas parecen tener un destinatario: Marcelo Sain. Su cartera tiene manejo de fondos reservados que hasta diciembre tenía la policía con supervisión del ministerio, pero también el ministro pidió licencia de su cargo de director del Organismo de Investigaciones. El Litoral planteó el tema el 12 de febrero pasado bajo el título: El ministro Sain retuvo su cargo en la Justicia.

 

Busatto lo señaló en el recinto. "Esta es una norma que busca condicionar, amordazar y tratar de condicionar al ministro Sain" al justificar la razón por la cual no iba a acompañar el tratamiento sobre tablas. "Las cuestiones de fondo son respetables y opinables pero no aceptamos el tratamiento exprés" acotó para luego desafiar a la mayoría a hacer un cronograma para discutir los mensajes sobre seguridad. "La Ley (del MPA) que tiene diez años de vigencia no ha sido modificada, porqué hacerlo en 20 minutos" preguntó.

 

El justicialista cuestionó a todos los sectores que votaron el proyecto. Solo la bancada Igualdad pidió abstenerse. "No sé si son conscientes de lo que se está votando. Votamos cambios en el perfil de fiscales, del director de Investigaciones y del funcionamiento de los fondos reservados".

 

Enseguida Farías aclaró la postura del sector y quiso tranquilizar al ya ausente Busatto. "No hay nada escondido. No hay metamensajes. El proyecto establece situaciones más estrictas sobre incompatibilidades que deben evitarse para cargos claves del funcionamiento del sistema penal". El socialista admitió que la confusión de roles de Sain -que no dejó el cargo del Organismo- es motivo de fundamento del proyecto. "La confusión de roles no es buena en ningún caso. Tenemos que dejar clara la situación", acotó.

 

Farías recordó el rol clave que tienen los fiscales y especialmente los regionales y el general que es determinar qué se persigue y qué no. Pero si el socialista se dedicó luego a cuestionar la falta de política de seguridad de Sain y también marcar diferencias con el tema uso de gastos reservados en esta gestión. "Se debe explicar y justificar con qué objetivo de seguridad se usaron y no es un beneficio que no se sabe en qué se está gastando. Hoy la disponibilidad está asignada a las figuras políticas, antes era para las estructuras policiales"

 

En el Senado el proyecto venido de Diputados se votó sobre tablas y con la Cámara en comisión, a los fines de producir un rápido despacho. El texto necesitaba los dos tercios y logró la unanimidad, ya que no se registraron votos en contrario. Luego de la sesión, el senador Alcides Calvo (PJ-Castellanos) aclaró a El Litoral ante una consulta que, al igual que Marcelo Lewandowski (PJ-Rosario), Marcos Castelló (PJ-La Capital) y Ricardo Kaufmann (PJ-Garay) habían optado por la abstención.

 

Vicentin

El presidente de la Comisión y seguimiento del caso Vicentin, Luis Rubeo (PJ) ingresó el tercer informe elaborado por el grupo de trabajo para conocimiento de todos los integrantes del cuerpo. Pero además informó que en las últimas horas el nuevo directorio de la firma concursada solicitó una reunión con la comisión. El encuentro se hará el 3 de diciembre, desde las 10, en el anexo de la Cámara de Diputados. El justicialista hizo saber a sus pares que la nota del directorio tiene un tono ofensivo hacia el trabajo de la comisión.

 

A revisión al Senado

 

La Cámara de Diputados votó varios proyectos de ley y las giró en revisión al Senado. Entre los temas aprobados están los siguientes:

 

Plan de adecuación de complejos habitacionales FONAVI/FOPROVI para la accesibilidad universal dentro del territorio de la provincia. De Rosana Bellati (PS)

Promoción de acciones tendientes a visibilizar y reconocer como labor productiva el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que se realiza en los hogares de la provincia. Fusión de proyectos de Gisel Mahmud (PS), Erika Hynes (PS) y Dámaras Pacchiotti (Ciudad Futura).

Declara de interés provincial la contratación pública de cooperativas de trabajo para la provisión de bienes y servicios que demande el Estado provincial y los estados municipales (Joaquín Blanco - PS).

Promoción y estímulo en el ejercicio de los derechos de las juventudes (Mahmud).

Creación de la reserva natural "Isla del Delta del Paraná Inferior" en los términos de la Ley No 12175, bajo la categoría de manejo reservas hídricas naturales o humedales, ubicadas en las localidades de Rosario, Granadero Baigorria, y Capitán Bermúdez. De Amalia Granata (Somos Vida)

Reforma al artículo 7 de la Ley 13.013, orgánica del MPA, de la justicialistas Matilde Bruera, Paola Bravo y Lucila De Ponti.

Condonación de deuda con API de la Asociación Vecinal Club Italiano, de Rosario, impulsado por la bancada radical.

Modificación de artículos de la ley 11.102 sobre fondo nacional de la vivienda, de Bellatti.

Fondo de mantenimiento y mejoras de la infraestructura vial para municipios y comunas del socialista Pablo Pinotti.

Programa de financiamiento para garantizar el traslado de docentes a núcleos rurales secundarios de la provincia. De Marcelo González (UCR)

Reforma al régimen de economía del conocimiento. De Blanco y De Ponti.