Por Emerio Agretti

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"La destrucción de las palabras es algo de gran hermosura. Por supuesto, las principales víctimas son los verbos y los adjetivos, pero también hay centenares de nombres de los que uno puede prescindir. No se trata sólo de los sinónimos. También los antónimos. En realidad ¿qué justificación tiene el empleo de una palabra sólo porque sea lo contrario de otra? Toda palabra contiene en sí misma su contraria. Por ejemplo, tenemos «bueno». Si tienes una palabra como «bueno», ¿qué necesidad hay de lo contrario, «malo»? Nobueno sirve exactamente igual, mejor todavía, porque es la palabra exactamente contraria a «bueno» y la otra no".

La cita de 1984, de George Orwell, viene a cuento de la denominación escogida para el Observatorio de Medios promovido por la Defensoría del Público. Un nombre que parece remitir de manera casi explícita y autoconsciente a esta obra, en momentos en que se ha identificado públicamente a la iniciativa con otro elemento de ella: el Ministerio de la Verdad, aquél que llevaba adelante una suerte de "curaduría" sobre la realidad, para incluso modificar el relato de los hechos históricos en atención a la conveniencia del sistema. Sistema que, entre sus pilares, tenía el lema de que "la ignorancia es la fuerza".

Y así como en la novela el régimen sostiene que "la guerra es la paz" y "la libertad es la esclavitud", la impulsora de este observatorio parece estar convencida de que su objetivo es "fomentar la libertad de expresión y la diversidad de voces".

"Que todas las personas puedan expresarse en el debate público sin ser expulsadas y tengan acceso a información veraz. Está en la línea de lo que sugiere en su art 4 el Plan de Acción de la ONU", añadió Miriam Lewin (por Twitter).

En rigor, como lo marca el constitucionalista Andrés Gil Domínguez (uno de los especialistas convocados como asesores para la reforma judicial), más bien está a contramano de lo que dispone el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica. "Especialmente en el inciso 3, que es muy claro al respecto, cuando habla que no se puede restringir al derecho a la expresión por vías o medios indirectos" y que "no puede existir ningún tipo de restricción o censura indirecta por medios como uso de controles oficiales que puedan impedir la circulación de ideas, información y opinión".

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En todo caso, la Constitución Nacional -en una cláusula de lucidez implacable, pero no inmune a la adulteración de los relatos "postverdaderos"- prohibió CUALQUIER regulación de la libertad de prensa. Y la Corte Suprema de Justicia acuñó una jurisprudencia que la defiende de modo casi inexpugnable, reservando a los afectados, perjudicados y ofendidos (hoy legión) el espacio de la "ulterioridad": perseguir la sanción o la reparación por la vía judicial a posteriori, no impidiendo de antemano y por las dudas la difusión de informaciones y opiniones. Ni mucho menos, decidiendo qué parte de ellas encuadra en la verdad establecida.

Y si contra las agresiones discriminatorias existen leyes y organismos protectivos específicos (y denuncias cuando corresponde), también la difusión de noticias falsas es motivo de preocupación permanente y acuciante de los medios de comunicación y de la sociedad civil, que han generado iniciativas para combatirlas. 

Esto parece corresponderse con la concepción que guía el accionar de la diputada kirchnerista Florencia Santout, que acredita en su respaldo el rango de ex decana de Comunicaciones de la Universidad de La Plata y la entrega en tal condición del premio a la Libertad de Prensa a Hugo Chavez. Contra los discursos de odio, dijo Saintout, en la presentación del observatorio que integrará, no se lucha con la prohibición, sino que "debe ser la sociedad a través de procesos de maduración quien pueda ponerle un fin a esos discursos". Pero, aparentemente, no está de más que el Estado le señale adónde tiene que apuntar.

Lo cierto es que todavía no está claro cuál va a ser el mecanismo para ésto, y ése es el principal motivo de alerta; juntamente con la alarmante y sistemática tendencia del núcleo ideológico del actual gobierno a cambiar los nombres de las cosas. Porque, como sostiene el célebre diálogo entre Humpty Dumpty y la protagonista en Alicia a través del espejo (aunque no hubiese desentonado en 1984, ni en Argentina 2020) la cuestión no es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes: "La cuestión es saber quién es el que manda".