Por Tomás Rico

SEGUIR

El desalojo de las familias que tomaron el terreno de barrio Transporte, entre las calles Matheu, 9 de Julio, Azcuénaga y 1° de Mayo, demandó la intervención con un operativo conjunto realizado por el municipio, la Provincia, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y Gendarmería. 

A las 15 familias que habitaban el terreno de forma ilegal, desde la Municipalidad se les ofreció una ayuda económica. "Les ofrecimos dos subsidios en concepto de alquiler hasta terminar la solución habitacional de cada uno, pero la mayoría decidió quedarse en la casa de algún familiar. También teníamos prevista una pensión por las dudas, pero no se terminó utilizando ninguna", detalló Paola Pallero, directora ejecutiva del Ente Autárquico Santa Fe Hábitat, en diálogo con El Litoral. 

Desde el gobierno local informaron que en lo que va del año actuaron en el desalojo de 80 familias ante intentos de tomas y usurpaciones de predios, y destacaron que algunos asentamientos no duraron más de 24 o 48 horas. "El mensaje claro del municipio es que no vamos a avalar las usurpaciones como un medio o un móvil para abordar las necesidades sociales. Sabemos que esta usurpación de barrio Transporte fue distinta, con una organización detrás, con ventas de terreno en su momento, investigación que tiene el fiscal y el juez", sostuvo Pallero.

Procedimiento en B° Transporte

"El procedimiento resultó exitoso, fue siempre a través del diálogo. Con el equipo del municipio nos acercamos para poder hablar con cada familia, obviamente teniendo presente cada situación particular y necesidad de cada familia. Las propuestas fueron todas distintas en función de las alternativas que ellos tenían, y pudimos abordarlas entre el Estado local y el provincial", aseguró la funcionaria de Hábitat. 

Una de las polémicas que surgieron durante el desalojo del jueves fue el destino que se le daba a los materiales de viviendas improvisadas. Al respecto, Pallero explicó: "La orden del juez era que desde el municipio atendamos desde un abordaje integral a las familias que realmente estaban habitando el predio. Los demás (ranchos) que estaban vacíos se desarmaron, y se llevaron los materiales a la Estación Belgrano para que lo puedan retirar en el transcurso de una semana. Pero con las 15 familias que estaban viviendo se llegó a un acuerdo y se llevaron los materiales a donde nos pidieron. Terminamos a las 9 de la noche de trasladar las cosas". 

Otros casos en la ciudad

En las últimas semanas, la situación de las familias que viven de forma irregular en Los Alisos (detrás del barrio El Pozo) tuvo lugar en la agenda pública. En estos terrenos habitan unas 49 familias -según un relevamiento del 2019-, que están asentadas a orillas de la laguna Setúbal, sobre la playa Los Alisos, un espacio ocupado hace más de una década.

"Está claro que las familias de Los Alisos se tienen que reubicar porque en ese lugar implica un riesgo hídrico (al estar a metros de la Setúbal). Tenemos el proyecto de integración socio-urbana terminado; ahora, con lo que estamos avanzando y solicitando es el financiamiento para poder llevarlo adelante. Estamos trabajando una alternativa con Provincia y otra con Nación, para lograr una verdadera integración socio-urbana con obras de infraestructura, equipamiento y viviendas", precisó Pallero. 

Respecto a los asentamientos urbanos históricos como es el caso de Los Alisos, la directora del Ente Autárquico Santa Fe Hábitat analizó: "Es necesario abordarlo desde la integración socio-urbana, salvo en lugares de riesgo hídrico como es en Los Alisos".

La problemática habitacional que se observa a nivel nacional -y que puede generar un "efecto rebote" con usurpaciones organizadas- hacen que desde el municipio estén en constante alerta. "Estamos más alertas, hay mucha necesidad y está claro, tanto por la crisis económica como sanitaria. Pero también hay un gran porcentaje de especulación y ventas de terrenos, porque van y delimitan 40 lotes, por ejemplo, y se van; es decir que están tratando de venderlos de forma ilegal", concluyó Pallero.