Como una hilera de fichas de dominó, el Covid19 impacta en la política santafesina y muy especialmente en el Poder Legislativo. Cinco diputados, cinco empleados del Senado y cinco fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario fueron informados que deberán cumplir medidas de aislamiento. La decisión les fue comunicada tras conocerse el resultado positivo al hisopado de la diputada socialista Lionella Cattalini, informado ayer en El Litoral.

 

La socialista participó algunos minutos -en forma presencial- de la reunión de la Comisión de Acuerdos realizada el martes en dependencias del Senado en la ciudad de Rosario. Al día siguiente informó sobre su contagio. No obstante la legisladora debió haber estado aislada debido a su participación en la reunión de la Comisión de Asuntos Laborales del  miércoles anterior donde se originó la propagación de contagios en el ámbito de la Cámara de Diputados.

 

Las alarmas se dispararon en la Cámara Baja cuando Cesira Arcando (Fe - Juntos por el Cambio) dio positivo después de haber estado en la reunión de Laborales. Así se pidió el aislamiento de todos los participantes de esa reunión, entre ellos dos empleados de la Cámara más el fiscal general, Jorge Baclini, y el fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez que habían particiapado en un tramo del encuentro. Fabián Palo Oliver (UCR) así como Paola Bravo (PJ), María Laura Corgniali (PS), Sergio Basile (UCR), Lionella Cattalini (PS), Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), Silvana Di Stéfano (UCR) y Betina Florito (Somos Vida) fueron los legisladores en aislamiento y además de Cattalini también habría otro caso positivo que se confirmaría en la jornada.

 

Arcando viajó a Santa Fe en compañía del diputado Julián Galdeano (UCR - Juntos por el Cambio) quien también está con Covid. Como Galdeano participó de Labor Parlamentaria debieron ser aislados Pablo Farías (PS) y Ximena Sola (Pro - Juntos por el Cambio) que tuvieron un diálogo cercano con el radical.

 

Todo esto se completó con la reunión de Acuerdos donde la comisión bicameral recibió a los tres fiscales que investigaron a sus pares Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad sobre su protección a un capitalista de juego clandestino. Son María Eugenia Iribarne -hoy a cargo de la regional- y a Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. Luego, la comisión recibió a dos directivos de la Asociación de Fiscales de Rosario.

 

Por esa reunión, las autoridades del Senado recomendaron a los participantes aislarse. Son los casos de los diputados Farías, Fabián Bastia (UCR), Maximiliano Pullaro (UCR), Gabriel Chumpitaz (Juntos por el Cambio) y Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia). A estos se sumaron los dos empleados del Senado que prestan apoyo a la Comisión de Acuerdos. En ese encuentro el diputado Leandro Busatto (PJ) y los senadores estuvieron en forma virtual. Al día siguiente, Acuerdos se reunió en el recinto de Diputados donde solo estuvieron en forma presencial Bastia y Mayoraz junto a tres empleados del Senado que fueron aislados en forma preventiva.

 

"Cinco empleados aislados durante 14 días por una imprudencia" era la frase que se escuchaba en oficinas del Senado.

 

La Legislatura reducirá su actividad al mínimo la semana venidero ante el avance de la pandemia en toda la provincia y que también alcanza a autoridades políticas y empleados del cuerpo.

 

Cuadro

La Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados informó que actualmente son cuatro las personas con resultado positivo de COVID 19 (3 diputados y 1 asesor, todos oriundos de Rosario) en la Cámara, "que se está trabajando con la Andrea Uboldi en el seguimiento personalizado de cada caso, el aislamiento de aquellos que han tenido contacto estrecho y en permanente vínculo con las autoridades sanitarias".

Se aclaró que en la semana se redujo todo el funcionamiento en el ámbito parlamentario para lo estrictamente necesario y al formato virtual para las reuniones de comisiones y con criterio restrictivo el área administrativa, a fines de reducir los factores de riesgo, sin que esto dificulte o impida el funcionamiento del cuerpo, que por estas horas sigue evaluando minuto a minuto cómo se procederá con el mismo.

 

 

La Comisión Vicentin con Alurralde

 

Ayer, en forma virtual se realizó la reunión entre los diputados integrantes de la Comisión de Seguimiento e Información de la Causa Vicentin y el Juez Federal de Reconquista Aldo Alurralde. "El magistrado informó detalles muy importantes sobre la causa" le dijo a El Litoral el presidente de ese cuerpo, Luis Rubeo.

 

El justicialista destacó "que una de las acciones que el juez está llevando adelante es una causa civil por un pagaré que estaría debiendo el grupo Vicentin al Banco Nación, por 5 millones de dólares". Para el diputado este documento demostraría por primera vez las vinculaciones que existen entre los grupos Vicentin Saic y Vicentin Family Group (Vicentin y Algodonera Avellaneda). "Esto significa que no solamente en el concurso tendrían que entrar las empresas que están vinculadas a Vicentin Saic, también ingresarían el total de las firmas que poseen", añadió.

 

Alurralde le aclaró a la comisión que está trabajando ante una denuncia presentada por el estudio Moyano y Asociados de Paraguay y en un pagaré a favor del Banco Nación por 5 millones de dólares avalado por 22 directores de la empresa. Es en esa causa donde el magistrado pidió el embargo de inmuebles y el levantamiento del secreto fiscal y bancario.

 

Por otra parte les aclaró que no tiene en su juzgado la causa que en principio investigaba el juez federal porteño Julián Ercoloni.

Por otra parte, el juez en lo Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, designó formalmente a los veedores controladores del concurso de Vicentin que se tramita en esa dependencia. El cuerpo lo integran Andrés Shocron, José Luis López Forastier y Sergio Juan Arelovich.

 

El triunvirato en los próximos diez días debe presentar su primer informe sobre la situación financiera y económica de la concursada, en todos los segmentos de su actividad empresarial; sobre las inversiones y actividades proyectadas a los fines de continuar con la empresa en crisis, o plan de trabajo para los próximos doce meses; examinar el estado general de los negocios de la sociedad concursada y detectar las unidades de negocios o sectores mas vulnerables; analizar la información obrante en este expediente y señalar las posibles situaciones de crisis que pudieran avizorarse, en base a la información recolectada; y proponer aquellas medidas, informes o requerimientos que pudieran resultar necesarios para el desarrollo de sus funciones en la forma mas efectiva.

 

También Lorenzini citó para el lunes, a las 10.30, a la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe y a la concursada a una audiencia ante el incidente pidiendo la intervención que promueve el organismo que depende del Poder Ejecutivo.