Esta semana (y tal vez la próxima) en la Legislatura se ventilarán las actuaciones de los fiscales Adrián Spelta y Mauro Blanco. El primero aceptó darle prisión domiciliaria a un narco acusado de tentativa de homicidio en doble grado (autor de los disparos contra el domicilio del ex gobernador Bonfatti); del segundo se revisan sus vínculos con un narcotraficante, a partir de una investigación en la Justicia Federal.
Habrá actividad en la Legislatura provincial. Crédito: Guillermo Di Salvatore
La Comisión de Acuerdos tiene en su agenda para este miércoles, a las 11, escuchar el descargo del fiscal Adrián Spelta y podría -por otra parte- definir un dictamen (hasta ahora parecen ser dos y opuestos) sobre el fiscal de Venado Tuerto, Mauro Blanco.
Si se observan los plazos legales en cada caso, bien puede suceder que los dictámenes sobre ambos se discutan esta semana, pero se firmen -y vuelvan a debatir- en la próxima y así la Sesión Conjunta de ambas Cámaras se pronuncie en una misma reunión, sobre los dos casos. Pero eso se verá el 26 de agosto.
Hasta ahora todas las deliberaciones de los doce miembros de Acuerdos se han celebrado de manera presencial, o "de cuerpo presente" como les gusta bromear en los pasillos de la Legislatura. Se han usado los recintos de Diputados o de Senadores que permiten mantener la distancia sanitaria, siempre a puertas cerradas.
Beneficio polémico
El descargo de Spelta, titular de la Unidad de Homicidios Dolosos del MPA en Rosario, será clave para defenderse de la acusación en su contra, por haber promovido la prisión domiciliaria a los hermanos Lucas y Emanuel Sandoval, para que no esperen su fallo en la cárcel, sino en sus domicilios.
El último, "Ema Pimpi" Sandoval, era sindicado como el jefe de una banda narco y es uno de los responsables del ataque a balazos, en 2013, al domicilio del entonces gobernador Antonio Bonfatti. Lo mataron en octubre del año pasado, junto a otras dos personas. Entonces, un fiscal de Cámara inició una investigación contra quienes tomaron la decisión de no dejarlo en prisión, es decir, el fiscal Spelta y el juez Hernán Postma que había avalado ese acuerdo del integrante del MPA con la defensa de Sandoval.
Como el Tribunal de Enjuiciamiento rechazó el pedido de juicio político al juez (en votación dividida) las chances de Spelta de salvar su cargo son ahora mayores.
No debe olvidarse que salvo Daniel Erbetta los demás integrantes de la Corte, más el jefe del bloque de senadores del PJ, Armando Traferri, votaron a favor de pasar el tema al archivo.
El procurador de la Corte Suprema de la provincia, Jorge Barraguirre, había acusado a Postma por supuesto "mal desempeño" y "falta de idoneidad técnica".
En Acuerdos, el acusador es el senador Lisandro Enrico y con ese antecedente es muy probable que su propuesta se limite a imponerle una suspensión a Spelta. Habrá que ver qué dictamen (o dictámenes) se producen en la comisión ante el caso que fuera elevado por la titular de la Auditoría del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich.
Blanco
En Acuerdos, está todo listo para que sus integrantes dictaminen sobre el fiscal Adrián Blanco, de Venado Tuerto, quien ya ha hecho su descargo y negó tener vínculos o complicidades con un narcotraficante, tal como se lo acusa en un juzgado federal bonaerense, a partir de escuchas y grabaciones. No está claro hasta qué punto fiscal y narco no compartían informaciones que convenían a ambos.
En su defensa, Blanco sostuvo que usaba a ese vendedor de drogas para obtener información pero por la proximidad y el trato entre ambos, debió incluso negar ser un consumidor o usuario de drogas, como aparece en dicha causa donde se lo señala por haber protegido esa actividad.
En su caso actúa como miembro acusador el senador Joaquín Gramajo (PJ-9 de Julio) quien tendría evidencias suficientes como para solicitar la destitución. Hasta ahora, ese pedido divide aguas en Acuerdos y se espera que haya dos dictámenes.
La naturaleza de la relación con el dealer es difícil de explicar para el fiscal Blanco (aunque lo intento durante su descargo), porque no hubo coordinación de su trabajo con el de la Fiscalía Federal, que lo acusa de "obstaculizar" sus investigaciones.
Se aceleran plazos para Ponce Asahad
Desde las 14 horas del viernes 7 de agosto quedó suspendido, por tres meses, el fiscal de Rosario, Gustavo Ponce Asahad, acusado de cobrar coimas a empresarios del juego y colaborar con integrantes de la banda narcocriminal "Los Monos", por votación unánime en la Sesión Conjunta de ambas Cámaras de la Legislatura santafesina.
Antes, durante la reunión de Acuerdos que emitió un dictamen del mismo tenor, se le había dictado la prisión preventiva.
Pese tanta premura del Poder Legislativo (y antes del Judicial) Ponce Asahad fue oficialmente notificado por Servicio Penitenciario de la Provincia, recién el 17 de agosto, diez días después, de la acusación en su contra y la decisión adoptada respecto de su cargo (el juicio penal va por vía paralela).
Así, respecto de esa fecha, Ponce Asahad contará con 20 días hábiles para producir su descargo. Y el miembro acusador, el diputado Fabían Bastía con 40, lo que llevaría una resolución de la Legislatura sobre su condición de fiscal al último tramo del año. Sin embargo, fuentes bien informadas indicaron a El Litoral que la presentación del legislador radical estará bastante antes, muy probablemente a fines de octubre.
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