El Ministerio Público de la Acusación (MPA), una de las patas esenciales del funcionamiento del sistema procesal penal santafesino, se vio sacudido en las últimas semanas por investigaciones propias que motivaron la renuncia y detención del fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, de un fiscal rosarino Gustavo Ponce Asahad; denuncia de un sector de senadores a un fiscal rafaelino y otras conductas que están bajo análisis de la Comisión de Acuerdos de la Legislatura. Ante esta serie de hechos, El Litoral habló con el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, para conocer la mirada que tiene el Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento de ese cuerpo.

 

- ¿Cómo están viendo lo que pasa en el MPA?

 

- Del Ejecutivo se desprenden dos miradas muy francas. La primera es de carácter positivo porque el propio Ministerio Público generó anticuerpos para depurar a aquellos funcionarios que estaban ejerciendo sus funciones en contra de la ley, estaban incurriendo en actividades delictivas. Eso genera una satisfacción que el propio estamento generó su propio depuración. Demuestra también que no se puede generalizar que todo el funcionamiento del MPA sea negativo. Que fiscales hayan advertido la posible comisión de delitos por parte de otros fiscales y que uno renunció y otro está apartado transitoriamente es satisfactorio. Por otra lado, existe una sensación amarga de funcionarios públicos que con el rango y las misiones que tienen asignada, obviamente, conspira contra todo el funcionariado político e implica que la población se genera una mayor desconfianza. Es necesario que el propio sistema público adopte las medidas necesarias para sacarse a los funcionarios que no hacen bien las cosas. Por otro lado, este movimiento en el MPA genera una instancia oportuna para revisar qué cosas están bien y qué cosas están mal. Hace seis años que el sistema acusatorio se puso en práctica en la provincia. Las leyes que rigen el funcionamiento de la justicia en general y del sistema procesal penal en particular fueron dictadas por los órganos legislativos que lo hacen a partir del deber ser, a partir de una abstracción. Cuando se lleva a la práctica puede existir la necesidad de continuar ese rumbo normativo o la necesidad de rectificarlo. Estamos en un momento que merecería el estudio. El tema es cuándo habría que iniciar un estudio respecto de esto. El Poder Ejecutivo, a través del ministerio de Gobierno y de la secretaria de Justicia, está direccionando a proceder en alguna instancia a abrir el debate acerca del rol del MPA y las leyes que regulan su gestión. Ese debate o ese análisis recién se podrá dar luego de que estas investigaciones que se están llevando adelante se puedan concluir. Será la segunda etapa, la primera es la necesidad de ir depurando estos resultados negativos que estamos advirtiendo.

 

- Años atrás la Legislatura cambió las reglas de control interno del MPA y resolvió asumir el control de conductas de fiscales y defensores lo que provocó ruido en el funcionamiento. ¿Está claro para ustedes cómo se hace el control?

 

- En primer lugar, la ley de enjuiciamiento a los fiscales cuyo cometido le corresponde a la Legislatura fue sancionada por unanimidad en ambas cámaras, no mereció en su momento el veto del Poder Ejecutivo, sino que la promulgó en muy escaso tiempo. Eso marca que hubo un consenso político para que sea la propia Legislatura la que tenga la competencia de indagar acerca de la conducta de los fiscales. No nos parece mal porque en definitiva los fiscales que tienen como cometido la tutela del orden público son los propios legisladores, los representantes de la ciudadanía, quienes puedan resolver. Hay un hilo muy delgado sobre lo que se debe entender o no por faltas graves que es donde entra a actuar la Legislatura.

 

El tema de la competencia de la Legislatura es una cuestión sellada. Lo que sí merecerá ver es si el proceso, el procedimiento de cómo se interactúa en el diligenciamiento de las investigaciones es un reglamento apropiado a instancias del tenor de las denuncias que hay o merece un ajuste. La dinámica legislativa tiene sus particularidades y sus modos de convocatoria, entiendo que debería quizás ser más ágil y más seguro el trámite de modo tal que las investigaciones se puedan llevar con agilidad y tiempos adecuados para encontrar resoluciones, que los plazos no fenezcan y se puedan caer en caducidad como hubo algunos casos.Habrá que indagar si el proceso de cómo se diligencian las investigaciones por parte de la Comisión de Acuerdos es una normativa adecuada o no.

- ¿Habrá convocatoria urgente a cubrir el cargo de fiscal regional de Rosario ante la renuncia de Serjal?

 

- El fiscal general (Jorge Baclini) tiene por como facultad nombrar transitoriamente mientras ha quedado acéfala la fiscalía regional, cosa que ha realizado con la doctora (María Eugenia) Iribarren que nos merece el respeto. Fue una elección muy satisfactoria por parte del Baclini. Ahora debemos ir viendo como se van diligenciando las causas que están llevando adelante un grupo importante de fiscales vinculadas a lo que es la narcocriminalidad que son la indagación de los propios miembros del MPA. Hoy la función está cubierta y vamos a hacer el concurso no solo del fiscal regional de Rosario sino también del de Venado Tuerto que hacia fin de año opera su mandato. Ya se ha sorteado el jurado para ambos concursos y vamos a continuar con el diligenciamiento a partir de los próximos meses.

 

 

- ¿Para el Ejecutivo está cerrado el caso Serjal? Le aceptaron la renuncia pero también lo excluyeron de cargos en la justicia y hay miradas encontradas sobre esto en el Poder Legislativo.

 

 

- Hay un precedente que es el caso del primer fiscal regional de Santa Fe, Ricardo Fessia, que había renunciando y lo hizo antes de que se le venciera el plazo del mandato para el cual fue seleccionado, circunstancias que se da -más allá de las connotaciones de Serjal- en una idéntica situación: cesaba en su función antes de cumplir el mandato. La norma dice que retornan a sus cargos de orígenes o en una equiparación salarial a la que estaban en la medida en que hubieran cumplido el mandato. Así que no habiendo cumplido el mandato pierde ese derecho a la inamovilidad de la cual gozaban. Más allá de la disposición normativa, el gobernador entendió, también a instancias del tenor de la renuncia de Serjal que no era menester seguir perteneciendo al Poder Judicial. El decreto de aceptación de la renuncia se hizo conforme a derecho y precisó que ese apartamiento voluntario que había hecho Serjal se ampliaba o extendía a cualquier cargo. No obstante ello, a los dos o tres días, este ex fiscal sostuvo que la renuncia no era solo al cargo de regional sino a todos los cargos que detentaba en el Poder Judicial. Es decir, ratificó en parte lo que había dicho el gobernador.

 

 

 

- Con la salida de estos dos fiscales y de las denuncias que se tramitan, ¿cree que el MPA puede trabajar tranquilo?

 

 

- El MPA no tiene porqué no trabajar tranquilo. El MPA debe trabajar tranquilo en la medida que ajuste su accionar a la normativa que rige su función. Estas situaciones que han merecido el reproche a integrantes del MPA por un lado, dejan la satisfacción que sus propios integrantes pongan la ética pública y la responsabilidad del cargo para el cual han sido investidos y por otro lado, el desagrado que funcionarios realicen esos actos. Pero el MPA no tendría porqué tener algún resquemor o malsentir por esta situación, al contrario es un desafío para todos los integrantes ponerlo a la altura de lo que pide la ciudadanía.

 

- El Poder Ejecutivo debió intervenir por un problema de competencia entre el MPA y la justicia federal en una causa derivada del homicidio de Hugo Oldani. ¿Está saldado ese diferendo?

 

- Más allá de la discusión en torno de la competencia, si el delito a investigar es competencia exclusiva de la jurisdicción provincial o federal, lo que se requiere son las investigaciones en tiempo real. Hay un acuerdo entre el ministerio público nacional y el Poder Ejecutivo de la provincia sobre la necesidad de intercolaborar en lo que sean las acciones de persecución del delito. Hay que dejar un poco de lado esta discusión por la competencia y una situación de crimen que sacudió a la ciudad de Santa Fe, de una persona conocida en el medio como el empresario Oldani, si hay elementos que pueden avanzar y ampliar la investigación lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto la jurisdicción federal y la provincial , saltar cualquier diferencia que no hará otra cosa que obstruir la agilidad que requiere aclarar una situación de estas.

 

Defensa Pública y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura

 

El Servicio Público Provincial de Defensa Penal rubricó un convenio marco de cooperación con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, al tiempo que los integrantes de ambos organismos mantuvieron una reunión de presentación por medio de la aplicación zoom. El instrumento fue suscripto por la Defensora Provincial, Jaquelina Ana Balangione; y por el Presidente del Comité, Juan Manuel Irrazábal.

 

El acuerdo se orienta hacia la cooperación en todos aquellos temas de interés común, resaltándose la concreción de acciones orientadas a efectivizar la vigencia y protección de los Derechos Humanos, como así también el respeto de los principios y estándares de funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes previstos en la Ley Nacional Nº 26.827.

 

Las partes se comprometieron a colaborar entre sí, intercambiando datos, estadísticas e información vinculadas a la detección y relevamiento de situaciones y casos de Torturas, y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y/o Degradantes. Asimismo, acordaron proponer medidas y acciones tendientes a prevenir hechos de violencia institucional; y a proyectar la realización conjunta de actividades de cooperación, capacitación y asistencia técnica en áreas de interés común.