Por Luis Rodrigo

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El nombre del fiscal de Rafaela Martín Castellano ocupa el centro de una nota firmada por seis senadores provinciales del PJ, que están nucleados en el Nuevo Espacio Santafesino (NES), que mantiene su propio criterio independiente de la Casa Gris, y siempre dentro del oficialismo.

Se trata de un pedido formal firmado por Joaquín Gramajo (9 de Julio), Rubén Pirola (Las Colonias), José Baucero (San Javier), Armando Traferri (San Lorenzo), Osvaldo Sosa (Vera) y Guillermo Cornaglia (Belgrano) a la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, que se ha disparado a partir de que fuera detenido en la ciudad de Rafaela el llamado “Rey de los casinos”.

David Alejandro Perona. (Dos de los firmantes son miembros de Acuerdos: Pirola y Gramajo, que la preside). Los senadores subrayan que en poder del fiscal Castellano ha estado desde 2017 una denuncia contra Perona, que no ha prosperado, “ni avanzado” según los medios periodísticos de esa región.

La nota que ingresó a la Comisión puede además ser un motivo más de preocupación para la cabeza del Ministerio Público de la Acusación, en un contexto en el que la Fiscalía Regional de Rosario tiene a su ex titular preso (Patricio Serjal) y a uno de sus fiscales suspendido por la Legislatura (Ponce Asahad). Los senadores firmantes han dejado sentado en el escrito que sobre el fiscal Castellano no hubo ningún pronunciamiento del fiscal general del MPA, Jorge Baclini.

“Inacción”

La nota de los senadores pide a Acuerdos atención sobre la “actuación del fiscal Martín Castellanos que se ventila en medios periodísticos y que refieren a la inacción en una causa del año 2017 radicada por casinos clandestinos”.

Y luego deslizan: “Si bien sobre dichas actuaciones no hemos visto como sí sucede en otras  oportunidades expresiones públicas de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación, consideramos que la misma reviste hechos de gravedad dada la trascendencia pública como las que se referencia en la ciudad de Rafaela, región o de la Provincia”.

Los 6 integrantes del bloque Juan Domingo Peron (que tiene 12 bancas) citan recortes periodísticos del diario Castellanos de esa localidad y el diario La Capital de Rosario sobre la detención de Perona y ponen el acento en que el segundo señala que “Perona y su hermano cuentan con una denuncia en su contra del año 2017 por casinos clandestinos ante el fiscal Martín Castellanos que nunca avanzó” y continúa “… consideran que la justicia rafaelina más que investigar lo que estaba haciendo era protegiendo a estas redes que eran largamente conocidas en la zona y que tuvieron que intervenir fiscales de Rosario para realizar la investigación y la detención a pesar de que en Rafaela hay numerosos domicilios con pintadas ‘Casino David Perona Clan’ y ‘Casinos Perona’ ”.

Así apresaron a David Alejandro Perona

Gentileza Castellanos

Anoticiados

Luego, en el mismo sentido, los legisladores incluyen un recorte del sitio rosario.plus y expresan que “dada la verosimilitud de las actuaciones que derivaron en la suspensión el viernes por Sesión Conjunta de ambas Cámaras Legislativas del fiscal adjunto Ponce Asahad y la renuncia del fiscal regional de la II Circunscripción Patricio Serjal, donde se expresó de manera contundente que los hechos que ocurrieron en esa regional son de altísima gravedad institucional y ponen en riesgo una de las instituciones del Estado y la honorabilidad de todos los operadores del sistema del MPA. Hoy, a tan solo unos días de la decisión de la Cámaras de la Legislatura de suspender en sus funciones al fiscal Ponce, nos anoticiamos de un hecho ocurrido en 2017 que de comprobarse, pone en duda nuevamente el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación y por ende podría lesionar su credibilidad”.

“Evaluar” 

“En virtud de lo precedentemente expuesto se torna imprescindible que esta Comisión de Acuerdos solicite a la Auditoría General de Gestión y al Fiscal General que remitan las actuaciones referidas a los controles preventivos previstos en el ordenamiento jurídico que se hayan implementado en la Fiscalía Regional de Rafaela y sus resultados, así como también copia de todas las tramitaciones internas efectuadas oportunamente vinculadas al caso”, recomiendan los senadores a la Comisión en la que la mayoría corresponde a Diputados, y por ende, al Frente Progresista.

El objetivo es “evaluar si corresponde la iniciación del procedimiento establecido para el juzgamiento de fiscales por mal desempeño funcional o institucional o comisión de delito doloso, conforme lo establecido en el artículo 62 bis de la Ley 13.013 y modificatorias”.