Por Ivana Fux

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Mediante el mensaje Nro. 4896 ingresado a través del Senado, el Poder Ejecutivo propone reformar artículos de tres leyes que refieren a la constitución de directorios en organismos autárquicos de la provincia. Se trata del Enress (Ente Regulador de Servicios Sanitarios), del Ente Zona Franca Santafesina y del ente que administra el Aeropuerto de Sauce Viejo

En todos los casos se trata de entidades públicas descentralizadas, cuyos órganos de dirección se integran con funcionarios designados por el Poder Ejecutivo (en algunos casos, incluso, con acuerdo legislativo previo), pero donde algunos de ellos -conforme el diseño dado por el legislador- representan a sectores ajenos al gobierno. En el caso del Enress, por ejemplo, uno de los cinco directores será aportado por “la organización gremial más representativa de los trabajadores de la actividad”. En cuanto al Ente Zona Franca, uno de los tres directores será designado por la Municipalidad de Villa Constitución; y otro, por las entidades empresariales y de la producción. Finalmente, en el caso del aeropuerto, los tres vocales del organismo de conducción representarán uno a la Municipalidad de Santa Fe, otro a las comunas y resto de las municipalidades del Área Metropolitana Santa Fe; y el restante, a las Cámaras Empresariales de Comercio o Servicios.

Cambio de expresión

Así, el nuevo mensaje del Ejecutivo plantea modificar las leyes 11.220 (Enress), 11.731 (Zona Franca) y 13.704 (Aeropuerto). De acuerdo con lo que se plantea en los considerandos, la iniciativa busca precisar que quienes resultan para integrar tales directorios “en representación” de otros entes o entidades ajenas al Estado provincial y que no forman parte del mismo, “invisten tal condición, aun cuando en todos los casos su designación formal corresponda al Poder Ejecutivo provincial”.

El espíritu de las reformas que se promueven desde la Casa Gris es evitar -según se explicó- arbitrariedades a la hora de recibir “propuestas” de esos sectores que deben sugerir nombres para integrar los respectivos directorios. Por ello, la modificación legislativa implica una sutil diferencia en la redacción de las leyes mencionadas, y sugiere sustituir la expresión “a propuesta de” por “en representación de”. Fuentes consultadas por El Litoral sostuvieron que a partir de las reformas, el Ejecutivo tendría margen de acción -incluso, poder de veto- si considera que los nombres “propuestos” por los sectores planteados no son pertinentes o de personas idóneas. O en su defecto, quedaría claro que aún habiendo sido designada la persona propuesta, la misma no respondería al Poder Ejecutivo, sino al sector que lo promovió.

Sin condicionamiento

Según el texto del mensaje enviado a la Legislatura, la propuesta “no altera el diseño” vigente, sino que “procura ajustar el articulado de la ley y hacerlo congruente con las atribuciones constitucionales conferidas al gobernador para designar o remover a funcionarios”.

Así, los textos subrayan que estos funcionarios actúan “en representación” de quien corresponda, pero deja en claro que la potestad de designarlos corresponde al gobernador. Sobre esa base se suprime la expresión “a propuesta de”, y se la reemplaza por “en representación de”. Ello deja en claro que el Ejecutivo no está necesariamente obligado a enviar el pliego del candidato que se le proponga.

Los cambios sugeridos están en línea con el articulado de otras leyes que también prevén la constitución de directorios de organismos autárquicos o empresas del estado. Tal es el caso de Assa, EPE y 5RT. En dichas normativas ya se emplea la expresión “en representación de” para aludir a los directores que serán postulados por sectores ajenos al Ejecutivo.

Inhabilitación

El proyecto de ley del Ejecutivo propone, además, omitir del texto original de la ley 11.220, una inhabilitación vigente para los futuros directores del Enress. El inciso g) del artículo 22, plantea que será una incompatibilidad para los integrantes del organismo de contralor “el desempeño de funciones en, o tener vinculación con los prestadores, empresas integrantes del mismo grupo económico, o contratista o proveedores de tales empresas, desde un año antes de su designación”. El proyecto de Omar Perotti propicia “la supresión” de dicho postulado argumentando que “tal previsión ha perdido significación al haber asumido el propio Estado la prestación del servicio, a partir de la sanción de la ley 12.516 y de la creación de Aguas Santafesinas S.A.”.