Tras la media sanción en Diputados de un proyecto de ley que habilita el autocultivo de cannabis medicinal en la provincia —el proyecto fue girado al Senado—, el tema se coló en el Concejo santafesino. La semana pasada se realizó el primer foro de trabajo entre concejales, especialistas y referentes de agrupaciones vinculadas al uso del cannabis sativa con fines terapéuticos. La novedad es que ese encuentro se dio en el marco de un proyecto de ordenanza ingresado la semana pasada en el Legislativo local.

 

Esta iniciativa legislativa plantea un marco regulatorio para el acceso informado y seguro del cannabis como recurso terapéutico; la investigación, el uso científico, el cultivo comunitario (como facultad para el gobierno local), y el autocultivo personal con fines medicinales (previo registro y obtención de licencia municipal), entre muchos otros puntos.

 

Huelga recordar que las sustancias cannabinoides y sus derivados son efectivas como tratamiento en enfermedades crónicas y severas (cáncer, VIH-Sida, enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple o la fibromialgia, parálisis cerebral, epilepsia, entre muchas otras). No obstante, una parte de la comunidad científica internacional tiene sus reparos respecto del uso de este cáñamo: algunos de los argumentos son que el cannabis puede crear adicción, aumento de la frecuencia cardíaca y, en el largo plazo, pérdida de aprendizaje y memoria.

 

Qué dice la norma en carpeta

 

La iniciativa legislativa en ciernes -hoy en comisiones- propone incorporar al sistema de salud pública de la ciudad los derivados a base de cannabis para uso científico, medicinal o terapéutico conforme la Ley 27.350 y su Decreto Reglamentario N° 738/2017. Cabe recordar que esta ley nacional de 2017 fija una regulación para la investigación médica y científica del “uso medicinal, terapéutico y paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud”. No contempla el autocultivo.

 

Luego, el proyecto va más allá: faculta y le da potestad al Ejecutivo municipal a desarrollar el primer “cultivo comunitario de cannabis con fines medicinales y de investigación científica”, mediante convenios con el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF). Plantea además crear el Banco Municipal de Aceite de cannabis con fines científicos, medicinales y de tratamiento.

 

 

Y también, en el artículo 8 del proyecto, se habilita en la ciudad el cultivo personal con fines medicinales. Dice: (...) Todo paciente o familiar, representante legal o curador de paciente se encuentra habilitado para sembrar, cultivar o guardar cannabis y sus derivados. A tal fin, será requisito contar con un acompañamiento médico documentado que registre un tratamiento a base de cannabis y, para la siembra y cultivo, estar inscripto en un Registro” que la propia ordenanza crea.

 

Este último punto se plantea “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5°, inciso a) de la Ley N° 23.737”, que es la Ley Nacional de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes, en la que se tipifican las sanciones con prisión de 4 a 15 años a quien siembre o cultive plantas o guarde semillas, precursores químicos o cualquier otra materia prima para producir o fabricar estupefacientes para su comercialización. Es decir, el autocultivo de cannabis -en este sentido- para fines de venta es ilegal, y está penado. Y queda el limbo normativo sobre el cultivo personal para fines medicinales.

 

Registro, licencia y “cultivo solidario”

 

Con respecto al registro -dice el texto del proyecto de ordenanza- el Ejecutivo Municipal deberá crear un sitio web oficial del Registro que permita la inscripción de las personas usuarias, a través del Formulario de Inscripción, “protegiendo su identidad y privacidad mediante un sistema de seguridad encriptado”. 

 

Otro elemento central es la Licencia -a otorgarse por la Autoridad de Aplicación, que sería la Secretaría de Políticas de Cuidado y Acción Social municipal-.

 

Esa licencia establecerá los términos y condiciones a cumplimentar para acceder a la plantación, y cultivo de cannabis. Allí deberá figurar la individualización de la persona humana o jurídica sin fines de lucro licenciataria, y plazo o condiciones a que quedará sujeta la licencia; el sitio donde se realizará la plantación, cultivo, cosecha y elaboración de fitopreparados, y las características varietales de los cultivos a emplear.

 

También, “el volumen de producción autorizada; procedimiento de seguridad a utilizar; garantía de cumplimiento de obligaciones; la prohibición de comercializar productos a terceros; la designación de responsable técnico en el proceso de producción; y el destino de los excedentes de producción y subproductos”, dice el texto.

 

Por último, los familiares de pacientes que manifiesten la imposibilidad de cultivar cannabis medicinal con fines terapéuticos por sus propios medios, “podrán designar una persona que cultive en su lugar, la cual deberá registrarse como cultivador solidario”. Para ello, se creará un registro de cultivadores terapéuticos del cannabis de la ciudad, quienes deberán cumplir estrictos requisitos para obtener las licencias que los habiliten para la plantación, cultivo y producción de la planta, siempre para uso medicinal.

 

“Se tomó la experiencia de otras localidades”

 

El proyecto de ordenanza es impulsado por el concejal Guillermo Jerez (Barrio 88), y para su elaboración recibió el asesoramiento profesional de la Asociación Para Usuarios de Cannabis Medicinal (ApUCaM). En diálogo con El Litoral, consideró que la norma presentada “está muy bien lograda”, porque “recoge las experiencias de las 11 ordenanzas de distintas localidades de país que legislaron sobre la materia”. Esos municipios son Florencio Varela, Castelli, San Antonio del Oeste, Hurlingham, Rivadavia, Berazategui, Tornquist, San Vicente, Río Grande, Lomas de Zamora y Viedma.

 

Para el edil, hay “tres grandes bloques” que explican el sentido y el espíritu de la ordenanza ingresada. El primero, las competencias que se le otorgarían al Ejecutivo: “Esto es, que además de la producción pública y la investigación, se faculta al municipio a desarrollar el cultivo comunitario, que estaría bajo su cargo y supervisión. También, un Banco Municipal de Aceite de Cannabis, que también podría ser un banco de semillas”.

El segundo bloque es la autorización a los usuarios del autocultivo y el cultivo solidario, “previo a un registro de cada usuario, más el otorgamiento de una licencia”. En este punto puede darse una “tensión normativa” -admite Jerez-. “Porque ocurre que hay dos leyes, la de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes y la de Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis (como se explicó con anterioridad)”.

 

No obstante, “creemos que el derecho a la salud está por encima de cualquier norma, y este tema toca de lleno la salud de miles de personas: hablamos de paliar dolores de múltiples patologías”, agregó Jerez. Además, “si el Estado provincial adhiere a la ley N° 27.350, un Estado municipal (a través del Cuerpo deliberativo) está facultado para legislar sobre esta materia. Esta es la discusión más interesante y también, la más compleja”, completó Jerez el argumento.

 

Y el tercer bloque es la creación de las consultorías cannábicas, “que serían una herramienta de asesoramiento tanto para la autoridad de aplicación como para la ciudadanía, más la creación de un Consejo Asesor representado por los Colegios de Médicos y Farmacéuticos de la ciudad, el Conicet, el Inta y las asociaciones cannábicas con personería jurídica”, cerró.

 

En el Conicet local, ya hacen análisis bioquímicos de aceites

 

 

En el Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (Incape), de doble dependencia entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) Santa Fe y la UNL, un grupo de científicos desarrolló desde 2017 una metodología analítica para determinar el contenido de los cannabinoides principales dentro de los aceites de cannabis medicinal. La idea surgió desde una demanda social, por pedidos de mamás con hijos con patologías crónicas.

 

Se trata de un análisis bioquímico que sirve para validar o no productos del cannabis terapéutico, como por ejemplo aceites medicinales (artesanales, caseros, comprados del exterior, hasta los del mercado negro). “Este servicio, donde se necesite y sirva, para los Estados provinciales o locales, para ONGs vinculadas a la temática, podrá utilizarse porque está desarrollado, ya puesto a punto”, le dijo a El Litoral la Dra. en Ingeniería Química Melisa Bertero, investigadora adjunta del Conicet Santa Fe (Incape).

 

La aprobación del Conicet de sede central de Buenos Aires sobre esta metodología analítica desarrollada en la ciudad llegó hace menos de un mes. “Ahora, hay unos 15 centros del centro científico del país que prestan este servicio, entre ellos estamos nosotros”, agregó la investigadora.

 

Esto fue posible a través de un convenio entre el Conicet y el LIF. “Ello nos permitió desarrollar la metodología analítica con estándares bromatográficos, que eran muy necesarios para afinar y definir este proyecto”, añadió. El método de análisis se presta como servicio a la comunidad a través de lo que es el Servicio Tecnológico de Alto Nivel (SANT) del Conicet.

 

“En Santa Fe vamos un paso adelante, porque podemos determinar la calidad de los aceites, de las cremas o de cualquier derivado hecho con cannabis para fines medicinales. Es muy importante. Si se aprobara la ordenanza en el Concejo, el Conicet local ya dispone de este servicio de validación bioquímica de los productos a utilizar terapéuticamente”, subrayó Bertero