“La salud pública está en peligro” afirmó la diputada Marlén Espíndola al describir en una carta abierta al gobernador Omar Perotti, las irregularidades y conflictos de intereses que bajo su mirada se dan en Reconquista.

“Fui elegida para representar los intereses del pueblo y velar por sus derechos, por eso veo con mucha preocupación el desembarco del personal de la Asociación Médica del departamento General Obligado en el hospital de Reconquista”, comienza en su misiva dirigida al mandatario santafesino la legisladora reconquistense.

Para Espíndola “parecía un secreto guardado bajo siete llaves, ya que el personal del efector de salud desconocía que este nuevo personal del ámbito privado lleva a cabo las facturaciones de las prestaciones”.

Dentro de las presuntas irregularidades marcadas por la integrante del bloque ucerreista figuran la designación por parte del Ejecutivo Provincial de Silvana Caparelli como representante del Estado en el Consejo de Administración del hospital, “siendo ésta esposa de uno de los miembros de Asociación Médica”, aseguró la legisladora quien sumó dentro de los interrogantes “¿cómo se entiende que el vicedirector del hospital, Dr. Guillermo Nuzarello - aunque sin decreto de su designación - sea al mismo tiempo miembro de la mesa directiva de Asociación Médica”.

Vicentin

En relación a la intervención y posible expropiación de Vicentin, la diputada recordó que “ninguna empresa estatizada fue exitosa, la realidad es contundente, en ningún caso de este tipo lo fue, YPF, Aerolíneas y Ciccone son muestras contundentes”.

Además la representante de la Cámara Baja se refirió al marco legal de las acciones tomadas por el Presidente, “ningún país del mundo logra desarrollarse si antes no respeta la constitución, las leyes de la Nación, el marco jurídico, y la división de los poderes. Son las columnas básicas sobre las que se erige la república”.

Bajo la óptica de la diputada, la justicia viene actuando correctamente en la situación de la empresa e investiga si los créditos otorgados por el Banco de la Nación Argentina fueron violatorios de las normativas de la institución oficial. “La solicitud de un concurso de acreedores es una medida preventiva que precisamente procura evitar la quiebra de una empresa y el mismo se viene desarrollando, a pesar de la pandemia, sin objeciones de los interesados”, explicó Espíndola. Por último afirmó que “este decreto presidencial (DNU) es violatorio de la propiedad privada y una manifiesta y desacertada injerencia sobre el Poder Judicial y Legislativo”.

Algodonera Avellaneda

El Ministerio de Trabajo de la Provincia dictó conciliación obligatoria en el conflicto de Algodonera Avellaneda S.A, según informó el Secretario de Trabajo, Juan Manuel Pusineri. Se trata de una empresa del grupo Vicentin que no se encuentra dentro de las que fueron objeto de intervención por parte del Gobierno Nacional y cuenta con un plantel total de 400 trabajadores.

En la planta se mantiene una medida de fuerza consistente en la retención del débito laboral, fundada según lo comunicaron los gremios,  en el reclamo de deudas salariales y condiciones dignas de trabajo relacionadas con malos tratos hacia el personal.

Con la conciliación deberán dejarse sin efecto las medidas de fuerza iniciadas y la empresa cumplir en forma integra con las obligaciones a su cargo en el marco de un espacio de negociación que se habilita en la cartera laboral.

 

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