Con una resolución, dispuso que el municipio “deberá garantizar la prestación del servicio de recolección, barrido y limpieza en todo el ejido municipal”. Se basa en dos normas provinciales: la Ley de Municipios y la de “Basura Cero”.
Crédito: Flavio Raina.
“Caímos cuatro escalones en esta discusión: de requerírsele al Ejecutivo que rediscuta los pliegos (para un futuro llamado a licitación pública) a lo básico, que es recoger la basura”, dice con cierto tono de hartazgo a El Litoral el concejal Leandro González (UCR-FPCyS). El Legislativo local viene sancionando desde hace tiempo una gran cantidad de pedidos de informes, resoluciones y comunicaciones sobre el tema residuos en la ciudad. Muchas quedaron durmiendo el sueño de los justos.
Ahora, a instancias de González, el Concejo le pidió directamente al Ejecutivo que asegure la prestación de este servicio en la ciudad, independientemente de qué ocurra sobre relación contractual entre la Municipalidad y la prestataria Cliba, que anunció la rescisión unilateral del contrato que la vincula con el Gobierno local, e incluso con la otra concesionaria, Urbafe. “El Ejecutivo deberá garantizar la recolección de residuos, el barrido y la limpieza en todo el ejido municipal, de acuerdo a las obligaciones que surgen de la Ley N° 2.756 de Municipios y Comunas, y de la Ley Provincial N° 13.055 denominada “Basura Cero”, dice la resolución aprobada.
“Le exigimos al Ejecutivo que garantice la prestación del servicio. Ante una eventual situación de conflicto (con una de las prestatarias), el municipio debiera tener un plan de contingencia en caso de que se dé una crisis en el sistema de recolección”, agregó González. El sistema está al borde del abismo, y tenemos este problema a un mes del cambio de gestión”, añadió el edil en los fundamentos.
La resolución aprobada recuerda que entre las atribuciones y deberes que tiene cada intendente de acuerdo a la Ley 2.756 de Municipios, el art. 41° (inciso 24) establece: “Velar por la higiene del municipio, comprendiéndose en ella especialmente la limpieza, la desinfección del aire y de las aguas, de las habitaciones y parajes malsanos, la inspección de sustancias alimenticias, secuestrando e inutilizando aquellas que por su calidad y condiciones fuesen perjudiciales a la salud”.
Se apoya también en la Ley Provincial N° 13.055 —“Basura Cero”—, que en su art. 14 fija: “Las municipalidades y comunas son responsables de la gestión integral de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) producidos en su jurisdicción, debiendo establecer normas complementarias necesarias para el cumplimiento efectivo de esta ley (...)” El Municipio local adhirió a ese ley el 19 de mayo de 2016 (Ordenanza N° 12.265).
Antecedentes
González recordó que en su momento se solicitó la rediscusión y reelaboración de los pliegos de bases y condiciones generales para el llamado a licitación pública para la contratación y prestación del servicio de recolección de residuos, barrido y limpieza en la ciudad (Resolución N° 19.894).
Además, en septiembre de este año se solicitó al municipio información respecto al vínculo jurídico que relaciona a las empresas prestatarias del servicio de recolección con la Municipalidad; al estado actual del aspecto económico-financiero del vínculo que posee el municipio con las concesionarias y a la deuda existente con éstas (Comunicación N° 6552). “Esta última norma aún no fue respondida por el Ejecutivo”, agregó el edil.
La última norma sancionada fue el 24 de octubre pasado. Se aprobó una comunicación solicitando al Ejecutivo que informe sobre de los contratos suscriptos por la Municipalidad local y las empresas prestatarias del servicio de recolección de residuos, con relación al régimen de prohibición de contratación con personas humanas o jurídicas involucradas en actos de corrupción ( Ordenanza N° 12.556).
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