Se realizó una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo por el conflicto laboral con Cliba, una de las prestatarias del servicio de recolección de residuos en la ciudad, en un intento por solucionar la situación de los 229 empleados que tiene esa empresa —algunos con hasta 34 años de antigüedad—, y en el marco de la eventual de la rescisión del contrato que la vincula con el municipio hace más de 20 años.

Lo que se supo tras las reunión y con las declaraciones a la prensa de las partes es que desde la Municipalidad se adelantó que en los próximos días, se convocará a una reunión a referentes de la UTE Cliba, para intentar llegar un acuerdo sobre la conflictiva relación contractual.

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“Nos comprometemos a evaluar la situación administrativa; en los próximos días se convocará a la empresa, velando desde el Ejecutivo para que se preste normalmente la recolección de residuos y que se cuiden las fuentes laborales”, dijo Malena Azario, secretaria de Gobierno municipal.

Deuda

Consultada por la deuda que el municipio mantiene con la prestataria —la cual aseguró, en una solicitada publicada en este diario, que es de $ 306 millones desde febrero—, Azario respondió que sobre la base de los certificados de pago emitidos y aprobados, “admitimos que la deuda con Cliba es de no más de $ 50 millones. Hay certificados que no están evaluados y que todavía no están aprobados. Por eso, no están las condiciones para la rescisión unilateral del contrato (por parte de la prestataria) a la fecha”.

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Pero también, Azario cargó las tintas sobre la acreencia que mantiene la actual administración provincial con el municipio local. “Reconocemos esos retrasos en los pagos, pero esto tiene relación directa con lo que le está debiendo Provincia (al municipio santafesino), que son $ 700 millones. Los fondos que utilizábamos para el pago de la prestación del servicio venían del Fondo de Financiamiento Educativo. Ese dinero justamente se utilizaba para cancelar los pagos a la empresas prestadoras. Instamos a Provincia a que pague la deuda, porque de esa manera podría resolverse rápido esta situación”.

“Nos vamos tranquilos —añadió Azario tras la audiencia—, porque se van a respetar los plazos establecidos por pliego; esto es, que ante el hipotético caso de que se llegue a una rescisión unilateral de la empresa, se respetará ese plazo de 120 días (hasta abril de 2020) para que el Ejecutivo se establezca en forma ordena y tranquila en el proceso traspaso de prestadora. Queremos llevar tranquilidad a la ciudadanía, porque el servicio se va a seguir prestando en forma normal y se garantizarán los empleos”, aseguró la funcionaria.

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“Satisfactoria”

“Fue satisfactoria”, calificó la audiencia Fernando Machuca, delegado de Camioneros de Rosario. “Hay una finalización del contrato con la empresa, y efectivamente constatamos que existe un plazo legal de 120 días más (es decir, hasta abril de 2020) para seguir cumpliendo el servicio al ciento por ciento. Nuestra primera prioridad es darle tranquilidad a los trabajadores de la empresa de que tendrán continuidad laboral. Y si Cliba se va, deberemos hacer una transición (en el caso de que preste el servicio otra empresa) entre todas las partes, para que los trabajadores sigan con sus puestos”, declaró.

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“Mientras estén garantizados los sueldos de los trabajadores y su continuidad laboral, para nosotros el servicio sigue siendo el mismo”, expresó Machuca. Por lo demás, la relación contractual entre el municipio y Cliba depende de esos actores, no del sindicato, deslizó.

De la audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo participaron autoridades de Cliba, dirigentes del Sindicato de Camioneros de Santa Fe y los funcionarios municipales Malena Azario (secretaria de Gobierno); y Mariano Cejas, secretario de Ambiente y Espacios Públicos.