Por Luciano Andreychuk

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Como adelantó El Litoral, las sospechas sobre la posibilidad de que el sistema de traslado de personas Uber desembarque en la ciudad —que se dispararon a partir de cuentas fake o falsas en la red social Instagram—, repercutieron en la sesión del Concejo. La postura más compartida entre los ediles es que este sistema por aplicación móvil está en una suerte de limbo legislativo por no tener una normativa local que lo habilite, como sí las tienen los sistemas de taxis y remises.

Con todo, se aprobó un pedido de informes solicitándole al municipio que detalle si se recepcionaron solicitudes de habilitaciones —por parte de terceros— para poder trasladar personas bajo el sistema Uber. También, si se sabe de la existencia de publicidad engañosa sobre el uso de este sistema de transporte y, en su caso, si han realizado controles y denuncias; “y si se realizaron acciones tendientes a verificar el incumplimiento de una eventual circulación de vehículos vía Uber, sin la correspondiente normativa que autorice a prestar ese servicio”.

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Cuentas fake de Uber en Santa Fe: un pedido de informes al municipio

La primera legisladora local que tomó este tema (luego de que aparecieron varias cuentas falsas en el universo de las redes sociales) fue Marcela Aeberhard (Bloque PJ - Santa Fe). En el recinto, insistió en que hay dos subsistemas de transporte para personas (taxis y remises) que están regulados, cada uno por sus determinadas ordenanzas. “La posibilidad de que venga una empresa de afuera y sin una regulación normativa local, y que quiera operar el sistema desregularizándolo, nos pareció que era el disparador para, al menos, pedir explicaciones a las autoridades municipales”, dijo.

La posición política es, para Aeberhard, que en tanto en la ciudad no haya marco normativo para el traslado de personas por Uber, “se deben cumplir las ordenanzas existentes que regulan la labor de taxis y remises”. Esas normas son las N° 11.661 (taxis) y la N° 9.998 (remises) donde se fija el funcionamiento de cada servicio (certificados de habilitación, licencias y sus renovaciones, antigüedad de los coches, sistema de taxímetros, entre muchos otros puntos).

Control y fiscalización

En línea que este pedido sancionado, se aprobó una resolución que pide el cumplimiento de otra, la N° 15.756 sancionada el 14 de abril de 2016, donde se le encomienda al Ejecutivo “que disponga de todos los medios necesarios para realizar operativos de control e inspección”, que sirvan para fiscalizar “que el servicio de transporte de pasajeros por automóviles se preste por vehículos y por sistemas habilitados, de conformidad a normativa vigente”. Es decir, que el traslado de personas sea sólo por taxis y remises, que están regulados.

En los argumentos de esta resolución de Leandro González (UCR-FPCyS), se dice: “En la actualidad se promueven distintos sistemas tecnológicos para facilitar el acercamiento entre la oferta y la demanda de medios de transporte de pasajeros por automóviles (Uber, por caso). Tales mecanismos deben planificarse, desarrollarse y utilizarse en el marco de lo establecido en la normativa que regule la materia”.

“Es un tema complejo; no se trata de decirle ‘no’ a nadie, sino de tener en claro cuáles son las potestades tanto del Ejecutivo como del Concejo”, declaró González. Así, insistió en la necesidad de los plexos normativos necesarios para habilitar este servicio, en el caso de que un día desembarque Uber en la ciudad. “Aquí está el punto de la discusión: hoy los medios de transporte públicos de la ciudad tiene su regulación legislativa”, declaró.

Con las tecnologías de escala global (como Uber), los Estados municipales, provinciales e incluso nacionales “tienen una enorme dificultad para legislar y hacer valer su fortaleza de articular las reglas del juego para la vida de la sociedad”. De qué forma se posiciona el legislador ante el debate “Uber sí, Uber no”, será para González, un tema “que involucrará a los sectores sindicales, organizaciones de la sociedad civil y por supuesto, los sectores políticos”.

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