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El Litoral | Economía
Martes 05.04.2022 - Última actualización - 16:02
15:57
Casi 450 millones de pesos
Multan a empresa y cámaras molineras por "acuerdo de fijación de precios"
El Gobierno las acusó de "ejecutar una práctica horizontal concertada de fijación de precios mínimos e intercambio de información sensible en el mercado".
El precio de los productos con harina tuvieron importantes aumentos en las últimas semanas. Crédito: Mauricio Garín
La Secretaría de Comercio Interior multó este martes a la empresa Molinos Cañuelas por $150 millones, por ejecutar una "práctica concertada" con cámaras empresarias del sector para fijar el precio de la harina y afectar, así, el "interés económico general".
La multa también se extendió, con otros $150 millones, a la Federación Argentina de la Industria Molinera; con $93 millones a la Cámara de Industriales Molineros y con $51 millones a la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras, según lo dispuesto a través de la Resolución 322/2022, publicada en el Boletín Oficial.
Tanto a la empresa como a las entidades empresarias, el Gobierno las acusó de "ejecutar una práctica horizontal concertada de fijación de precios mínimos e intercambio de información sensible en el mercado de la molienda de trigo y la comercialización de harina de trigo en todo el territorio nacional, con afectación al interés económico general".
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia observó que la empresa y las cámaras involucradas "idearon, diseñaron, implementaron y monitorearon un acuerdo para la fijación de precios con el objeto de limitar la competencia entre las empresas molineras de trigo y harina", justificó el Poder Ejecutivo.
Comercio Interior aseguró que Molino Cañuelas "fue la piedra fundamental de la estructura productiva y quien sostuvo a rajatabla las condiciones impuestas en el Acuerdo General de Defensa de la Libre Competencia en el Sector Molinero".
Según la investigación, ese acuerdo fue suscripto al menos por 107 empresas molineras el 13 de agosto de 2015. Ahora, el organismo que conduce Roberto Feletti hizo saber a las partes involucradas que las sanciones aplicadas deberán hacerse efectivas dentro del plazo de diez días hábiles desde la notificación de la presente medida, bajo apercibimiento de aplicar por cada día de mora los intereses correspondientes a la tasa activa del Banco Nación hasta su efectiva cancelación.
Al mismo tiempo, ordenó a la empresa y a las cámaras "que cesen y se abstengan de realizar acuerdos de fijación de precios e intercambiar información sensible, en el mercado de la molienda de trigo y comercialización de harina.
En la Resolución, Comercio Interior explicó que las conductas anticompetitivas imputadas tuvieron lugar en todo el territorio nacional en el período comprendido desde octubre de 2014 hasta, al menos, abril de 2017, de acuerdo con las pruebas que pudo obtener esa Secretaría.
Además, advirtió que los acuerdos entre competidores, particularmente aquellos que fijan precios, "tienen un objeto intrínsecamente anticompetitivo, como ser la supresión de la competencia".
En este sentido, indicó que "aquellos jugadores que deciden suprimir la competencia por precio, se representan perfectamente cuales son las consecuencias de dicho actuar, como ser el aumento de éstos y, por lo tanto, un aumento de la renta percibida".
"Ello provoca una lesión en el bienestar de los consumidores dado que los obliga o bien a abstenerse de consumir el producto cartelizado, o bien a pagar precios comparativamente superiores, generando en consecuencia una redistribución de recursos en favor del cartel", añadió.
Paro de transportistas en todo el país desde el lunes
La Federación de Transportadores Argentinos (FeTrA) anunció que el próximo 11 de abril iniciará un paro nacional en reclamo de una actualización de las tarifas del sector y la falta de abastecimiento de combustibles.
La entidad señaló que la medida se tomó "ante la falta de respuesta al pedido de convocatoria de la Mesa de Negociación Participativa para la actualización tarifaria de los fletes de granos".
La FeTrA dijo que el paro busca evitar "mayores daños en la economía de sus representados" y advirtió que se "torna imposible seguir trabajando en condiciones razonables".
La central transportista fundamentó la protesta por la falta de actualización de la tarifa nacional para los fletes, contemplando el precio real del gasoil y la no reglamentación de la cláusula gatillo.
La entidad denunció a los dadores de cargas por "abuso de su posición negándose a pagar una tarifa justa y razonable" y reclamó también por la inseguridad en las inmediaciones portuarias y falta de condiciones de infraestructura en los accesos a puertos.
La FeTrA informó que el paro se realizará "en todo el país con manifestaciones en diferentes cruces de rutas, plantas de acopio y puertos graneleros", porque entienden que no puede seguir trabajando "en estas condiciones".
Por su parte la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) se sumó al pedido de otros sectores de la agroindustria y le propuso al gobierno de Alberto Fernández llevar el actual porcentaje de mezcla del 5% del biodiésel con el gasoil al 20%.
En un comunicado la entidad explicó que el faltante de gasoil puede ser sustituido "rápidamente" por el biodiésel de la industria exportadora.
El Fondo de Garantía de Ansés financiará obras de Atucha I
La extensión de vida útil de la central atómica Atucha I, que demandará una inversión de US$ 450 millones, se financiará a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, y su repago se realizará mediante la conformación de un fideicomiso que tendrá como respaldo los contratos por venta de energía con Cammesa.
La licencia de operación para Atucha I emitida por la Autoridad Regulatoria Nuclear finaliza en 2024, marcando el final de su primer ciclo de vida útil, cuando cumplirá 50 años de operaciones.
Desde el 2006 se comenzaron a realizar los estudios necesarios para evaluar el proyecto de extensión de vida y se concluyó que Atucha I podría generar energía limpia y segura por dos décadas más.
La parada de reacondicionamiento tendrá una duración de 2 años y se realizará entre 2024 y 2026 e implicará una inversión de U$S 450 millones.
Las obras demandarán la creación de 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos y la generación de oportunidades para proveedores nacionales calificados para las tareas de construcción y fabricación de componentes.
Para esta inversión, se anticipó que el financiamiento se obtendrá a través de un crédito del FGS de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), un esquema ya aplicado en el sector nuclear para obras de gran magnitud como la finalización de la Central Atucha II y la extensión de vida de Embalse, en la provincia de Córdoba.
Para la devolución del crédito se constituirá un fideicomiso que será administrado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que tomará como respaldo los contratos con la Compañía Administradora del mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) por la venta de energía que generará Atucha I durante los primeros años de su extensión de vida.
La Central Nuclear Atucha I inició su construcción en junio de 1968 y se convirtió en la primera central nuclear de potencia de América Latina, al ser conectada al Sistema Eléctrico Nacional en marzo de 1974.
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