A través de un informe oficial, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos denunció la existencia de "impunidad estructural", "crímenes de lesa humanidad" y "un Estado policial" en el país que es presidido desde 2007 por el antiguo líder sandinista. El gobierno nicaragüense rechazó dichas acusaciones, considerándolas "una absurda recopilación de hechos falsos que responde a Estados Unidos".