La Comisión Bicameral de Fiscalización de las Actividades de Inteligencia entregó a la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y al titular de la Cámara baja, Sergio Massa, el primer informe que advierte que la dirección creada por la Corte Suprema para controlar las escuchas telefónicas se convirtió "es una herramienta para la persecución penal".