Lleva ya más de diez años la saludable costumbre de que se celebren Audiencias Públicas cuando están en debate, se sabe que se van a producir o se ciernen (como se prefiera) subas de tarifas en Aguas Santafesinas Sociedad Anónima.

 

Fue una decisión del Ente Regulador de los Servicios Públicos el realizarla por primera vez en marzo de 2010 y del entonces gobernador Hermes Binner que ese instituto que la ley santafesina no había previsto sea incorporado, pese a que entre sus ministros no todos estaban de acuerdo.

 

 

 

 

 

El miércoles 19 se desarrolló una audiencia pública que fue solo virtual, por obvias razones de prevención ante la ola de casos de Covid, que contó con exposiciones de Aguas para justificar su pedido de aumento y de usuarios así como representantes de entidades vinculadas a los derechos de los consumidores. También hubo concejales (sólo de las ciudades de Esperanza y Rafaela), vecinalistas (únicamente de la capital provincial) y seis diputados provinciales, en su mayoría de la oposición.

 

Lo que produjeron las exposiciones de la instancia abierta a cualquier interesado será parte de las consideraciones y la labor técnica que llevará adelante el regulador, que deberá expedirse mediante una resolución sobre el pedido de Assa, cuyos argumentos también deberá evaluar, además de su desempeño.

 

 

 

 

 

En realidad, las audiencias se celebran porque existe la voluntad política de llevarlas a cabo. Todavía el marco legal santafesino no las ha hecho obligatorias, pese a que ya se han ganado como un derecho de los usuarios. A nivel nacional ese instituto surgió con las concesiones de los servicios públicos a empresas en la década del '90, pero los privatizadores santafesinos -también peronistas- no incluyeron las audiencias en la Ley 11.220 que fue promulgada en diciembre de 1994. Recién 16 años después se hizo la primera audiencia pública en Santa Fe: mucho tuvo que ver el entonces presidente del Enress, Alberto Muñoz.

 

Ahora el ente tiene un directorio que cuenta con solo tres de sus cinco miembros. Y no hay designado un presidente. Son Anahí Rodríguez, Leonel Marmiroli y Oscar Pintos. Obviamente, sus posiciones se apoyarán en los aportes de sus ocho gerencias.

 

Los directores Rodríguez y Marmiroli tuvieron a su cargo la apertura y moderaron el debate que contó con 13 expositores. La primera, en su breve presentación de la Audiencia indicó que el pedido de aumento de Aguas es como se venía sosteniendo en dos etapas, la primera del 40% y la segunda del 20% pero, aclaró, "sobre el acumulado".

 

Luego, representantes de organizaciones de usuarios y consumidores y diputados opositores comenzaron a hablar de una suba que para 2022 impactaría en un 68%. El uso del potencial en el verbo no es gratuito: suele ocurrir que tras las resoluciones del Enress y las del ministro del Ejecutivo que finalmente pone la firma a la actualización tarifaria las cifras bajan o se morigeran.

 

La empresa estatal Assa es controlada por un organismo público, también de la órbita del Esado provincial, el Enress. Pero ese no es, al menos en el caso santafesino, el problema: lo que el regulador ha perdido es su posibilidad de tener la última palabra.

 

Cuando nacieron el ente de control, la concesión y la ley 11.220 y se privatizó la Dipos, en 1995 comenzó un esquema en el que la concesión tenía aumentos previstos por contrato que solo tendrían lugar si el Enress daba el visto bueno al Plan General de Inversiones y Desarrollos a cargo de la empresa. Era una época sin inflación, con el dólar clavado en un peso, por lo que cada suba de tarifas era un asunto más que serio… Y hubo oportunidades en las que el regulador le negó esos aumentos a la entonces Aguas Provinciales (en manos de una multinacional de origen francés y de inversores argentinos) porque las inversiones hechas por la compañía privada no eran suficientes o no eran las que había previsto el contrato. La respuesta de entonces fue el "congelamiento" de las obligaciones contractuales por parte del gobierno de Carlos Reutemann. Aquella concesión no era a cambio de un canon sino para que el privado invierta en construir infraestructura, pero ese objetivo se abandonó demasiado pronto.

 

 

Hoy la situación tras la reestatización del servicio en el segundo gobierno de Jorge Obeid (el último del PJ hasta los 12 años del FPCyS) es que un contrato de vinculación suple a un marco regulatorio que fue diseñado para que el Estado controle a un privado. Lo explicaron muy bien en la audiencia pública varios expositores: hoy el Enress dicta una resolución que solo recomienda al Ejecutivo subir o no las tarifas y lo cierto es que hasta ahora los sucesivos gobernadores -desde 2006 cuando se creó Assa- han preferido no recortarse esa facultad. Sancionar un nuevo marco regulatorio implicaría perder esa capacidad de maniobra y siempre parece haber razones, emergencias o urgencias que justifican dejar las cosas tal como están.

 

Hace nada menos que quince años que subsiste esa compleja situación legal, que hace que hoy por ejemplo el Enress pueda autorizar o no las subas de tarifas de cooperativas y otros prestadores (lo quieran o no los intendentes y los Concejos Municipales de las localidades donde actúan) pero no las de Aguas Santafesinas SA, que finalmente están pendientes de una resolución ministerial, con previo dictamen con recomendaciones del ente.