Por Emerio Agretti

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La presión del kirchnerismo sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación por su reticencia a cumplir con las demandas (o las pretensiones acerca de las demandas) de Cristina Fernández, tuvo en la semana que pasó una nueva escalada, en el curso de la secuencia formalmente iniciada por el ministro de Justicia de la Nación al reunirse, el 7 de diciembre pasado, con todos los miembros del Tribunal.

Es la primera vez que el funcionario pedía una entrevista con los jueces supremos, y tanto el silencio con el que fue recibida su alocución durante el encuentro, como la locuacidad exhibida por él a la salida, pusieron en evidencia el torpe intento de "apretada" que la ocasión revistió.

Por su rol institucional e incumbencias, los ministros de Justicia solían ser personalidades con prestigio técnico o antecedentes académicos, habilidad política, o buenos contactos (y destreza para desarrollarlos) dentro del Poder Judicial. Soria ostenta el dudoso privilegio de ser el primero que no cumple con ninguno de los tres requisitos. Sí los tenía, al menos en alguna medida, su antecesora en el cargo, Marcela Losardo, una de las primeras víctimas de la "purga" cristinista en beneficio de sus propios intereses y en desmedro de la autoridad y la autonomía de gestión del presidente Alberto Fernández.

Naturalmente, Fernández sabía lo que hacía cuando eligió a Losardo para el cargo, como tampoco pudo haber ignorado las implicancias de desplazarla y poner en su lugar a alguien como Soria, más conocido por la vehemencia de sus diatribas parlamentarias contra los jueces no alineados que por cualquier talento asociado a la función para la que fue ungido.

De la misma manera que debe haber sabido lo que decía cuando, en 2016, consideraba que, con respecto a los jueces propuestos por Mauricio Macri (Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz) "nadie puede cuestionar su integridad moral y su integridad técnica". Y también que "la Corte debe tener cinco miembros, debe funcionar con cinco miembros y deben ser miembros tan probos como los que están y tan probos como los que está proponiendo Macri".

Y a la vez, no puede desconocer las implicancias de sostener que hoy el Tribunal exhibe "un grave problema de funcionamiento", que se "impone revisar sus mecanismos de trabajo, número de integrantes y división de tareas", y descalificar su fallo sobre el Consejo de la Magistratura (en el que intervinieron dos ex convencionales constituyentes que participaron de la creación de ese organismo, así que algo debían saber sobre el mismo), como propio de un mal estudiante de primer año de Derecho.

Con esa lógica, tampoco debe resultarle contradictorio que desde el sector preponderante en la coalición de gobierno, se organice una marcha para presionar a los ministros de la Corte, exigiendo su "independencia" (¿?). Misma "independencia" que desde esa corriente se aspira a garantizar propiciando la designación de los jueces mediante voto popular, como si ésa no fuera la mejor forma de que, sin el filtro de las necesarias negociaciones y consensos previstos por la Constitución, sólo accedan al cargo los candidatos que encarnen identidades partidarias.

La suma de desatinos y contradicciones (cuyo enunciado en este caso se limita solo a la materia en cuestión, pero que se proyectan generosamente sobre la más amplia gama temática y de medidas de gobierno) es suficientemente grave como para encender luces de alerta sobre la escalada de embates contra las instituciones que está en marcha. Es decir, por sus efectos directos y dañinos sobre el sistema republicano. Pero no menos grave es que el primer mandatario pueda incurrir en ellas, y que ese comportamiento ya no tenga la menor importancia. Que es lo que ocurre cuando las palabras dejan de tener conexión con la realidad, y las acciones se vuelven demasiado elocuentes.