"...si se pudiera cobrar y si diera ganancia, ya lo hubiera hecho la mano invisible del Estado". Condenado a la literalidad del cristinismo, Axel Kicillof -en su torpeza metafórica- terminó exhibiendo en flagrancia la doble faz contable y ética de su concepción del poder. Ante la democracia insatisfecha que describe, Cristina promueve el capitalismo chino que admira: el de los negocios en manos del gobierno de partido único, que dispone por sí o por empresarios adeptos el uso del dinero público, sin control ciudadano ni contrapeso institucional y sin que se verifique necesariamente su objetivo de bienestar social. La ley de "compre argentino" que el gobierno de Alberto Fernández impulsa en Diputados tiene rasgos inequívocos de esa singular arquitectura del poder. La norma propuesta incluye al Pami y propone que los medicamentos que el organismo compre, puedan pagarse hasta un 20% más caros si el laboratorio es "nacional", con la excusa de promover su desarrollo y su capacidad de generar empleo. Germán Martínez, titular de la bancada oficialista, planteó en el debate de comisiones de Diputados que la norma beneficiaría incluso a laboratorios como el Industrial Farmacéutico de Santa Fe, que es una empresa pública de la provincia. ¿Qué diría Ramón Carrillo sobre un dispositivo que encarece el acceso a la salud, concebida como bien social? ¿Cómo se concilia la idea de un laboratorio público con el encarecimiento obligado por ley en las compras de quien debe atender la salud de jubilados desde un organismo estatal y con los fondos públicos? Hay en el "compre argentino" enunciados entrañables que esconden la mano invisible del gobierno de turno, del capitalismo de amigos, que no pueden confundirse con los roles del Estado. Al menos mientras la Argentina sea una república democrática, en especial con una Carta Magna que incluye artículos propios del constitucionalismo social. En el régimen de Pekín -no es hipérbole- la corrupción se castiga con pena de muerte, aún cuando el régimen se reserva el beneficio de administrar el Poder Judicial "popular". Es, para que quede claro, un sistema sin división de poderes, ese anacronismo contra el que pregona Cristina. La promoción industrial, la inversión pública en investigación y desarrollo, la política de generación de empleo formal y de calidad, no vienen de la mano de la administración de los fondos del Pami mediante un Fideicomiso sin contralor, ejecutado "a sola firma" por un ignoto funcionario de turno. No escapa a la evidencia que el camporismo maneja esa caja del Estado, en el gobierno loteado del Frente de Todos. Pero más allá de nombres y circunstancias, están la institucionalidad y la coherencia entre el bien a preservar y el instrumento promovido. El Pami ya dejó atrás los tiempos de las compras intermediadas por una cámara empresaria que financia campañas políticas de unos y otros; volver a ese escenario por vía del "compre nacional" es atentar contra aquello que se dice preservar. La Argentina viene de una dramática experiencia con ribetes criminales por dilucidar, en el manejo gubernamental de la salud pública, durante la pandemia. La compra preferencial de vacunas a un laboratorio privado nacional que no pudo cumplir; el contrato pago a los Rusos, que le deben a la Argentina -según la fuente que se consulte- de 10 a 15 millones de dosis; la inversión en un laboratorio amigo con un fideicomiso (con participación estatal) de US$ 85 millones para una especialidad no aprobada por la OMS. Son apenas algunos ejemplos. Hay una ley de compre argentino, la 27437, sancionada con amplios consensos en 2018. ¿Se puede mejorar? El diputado Martínez puso el buen ejemplo de compras de ropa militar que debía importarse y hoy se produce en el país. También mencionó el desarrollo de telas tecnológicas de uso castrense. Son valores a tener en cuenta, al igual que el efecto de inflación del 9,9% en prendas de vestir y calzado -en abril según el Indec- para un rubro con alta protección "nacional". Del otro lado del discurso industrialista están los argentinos que tienen que vestirse, los jubilados que tienen que medicarse. Sí, se puede mejorar, si el diseño legal impide que la mano invisible del Estado malverse deliberadamente los fondos públicos, los valores enunciados.
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