Participaron referentes de varias provincias, incluida Santa Fe, y en el marco de un convenio de Naciones Unidas ratificado por nuestro país.
El 2 de diciembre de 1949 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. El convenio fue ratificado por la Argentina y aún está vigente. En ese marco, referentes de organizaciones sociales de distintos puntos del país se reunieron (en forma presencial y virtual) para presentar el Proyecto de Ley Erradicación del Sistema Prostituyente, Prevención de la Prostitución y Restitución de Derechos. Liliana Loyola, presidenta de Generar Santa Fe, explicó detalles de la actividad que convocó a representantes locales y de las provincias del Litoral, junto con Buenos Aires, Neuquén y La Pampa. El proyecto "se focaliza en la prevención de la prostitución y delitos asociados", definió. La propuesta incluye cuatro ejes: "La restitución de derechos para posibilitar la salida de la prostitución a mujeres y personas prostituidas (del colectivo LGBTQ+); políticas públicas para hacer efectiva esa restitución con mención especial al abordaje de la salud por los daños que padecen las personas prostituidas, además de viviendas, derechos económicos y culturales" También, "el desaliento de la demanda de prostitución y sanción a los prostituidores porque entendemos que las mujeres son cosificadas cuando hay un prostituidor, mal llamado cliente, que a cambio de dinero las somete a violencia, y protección de los derechos de las mujeres y personas prostituidas para garantizar su dignidad, libertad y educación, entre otros". "La prevención de la prostitución es necesaria para evitar el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y la violencia que genera en mujeres, niñas, niños, adolescentes y demás personas sometidas a la prostitución", expusieron desde la organización de la jornada. Por otra parte, "el proyecto brega por la no persecución ni penalización de las personas prostituidas y se propone la restitución de derechos humanos a sobrevivientes de prostitución en cumplimiento con las leyes y tratados ratificados por nuestro país". La iniciativa de ley está organizado en seis títulos que incluyen, entre otros puntos, el ámbito de aplicación, derechos y garantías que protegen a las personas prostituidas, políticas públicas, órgano de aplicación y monitoreo, y reformas legales; entre ellas, la incorporación al Código Penal de la figura delictiva que penaliza al prostituidor.
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