Se oponen al proyecto de ley que impide el corte de servicios públicos por falta de pago. Lo aprobó Diputados y está en el Senado.
Las prestadoras del servicios públicos privatizados plantearon ayer al Congreso y al Ministerio de Economía su crítica a un proyecto de ley que impide cortar servicios básicos por falta de pago, en tanto el gobierno nacional planteó un plazo mayor para renegociar los contratos y extender el congelamiento de tarifas, período que vence el 30 de junio.
Los representantes de las empresas privatizadas ven con preocupación un proyecto aprobado por unanimidad la semana pasada en Diputados. Por iniciativa de su presidente, el duhaldista Eduardo Camaño, la iniciativa impide interrumpir el suministro de agua en todos los casos, e incluso limita los cortes de gas o electricidad por falta de pago en viviendas únicas de uso familiar.
En el Senado nacional las empresas se encontraron con la negativa de los legisladores a frenar la sanción de la norma. Aún cuando reconocen que complica la imagen del país frente a inversores externos, los senadores creen que no están en condiciones de rechazar un proyecto de corte popular, que tiene sanción unánime de Diputados y que está impulsada por la mano derecha del presidente en el Congreso.
De los despachos de Oscar Lamberto y Carlos Verna, los representantes empresarios marcharon hacia el Ministerio de Economía para mantener un sorpresivo encuentro con el titular de esa cartera, Roberto Lavagna.
Allí encontraron una contraofensiva oficial: el gobierno quiere extender, al menos por 3 meses más, el plazo para renegociar los contratos y mantener el congelamiento de tarifas, plazo que en principio había sido dispuesto por 180 días y que vence el 30 de junio próximo.
La comitiva empresaria fue integrada por representantes de Aguas Argentinas, Edenor, Edesur, Edelap, Camuzzi, Telefónica, Telecom, Metrogas, Gas Natural Ban, Transener, Transportadora de Gas del Norte y Transportadora de Gas del Sur.
Lavagna los recibió acompañado por el viceministro, Enrique Devoto, y por Alberto Biagosh, representante del equipo económico ante la comisión renegociadora de contratos de los contratos de servicios públicos.
